SOLO Mariano Rajoy y Pedro Sánchez saben la literalidad de la primera conversación que mantuvieron después de la vuelta del segundo a la Secretaría General del PSOE. Pero ya se han encargado de que nos enteremos de lo que consideran ahora mismo lo sustancial: impedir el referéndum en Catalunya. Vamos, que por fin coinciden en que “no es no” y se conjuran para aplicar su mayoría en el Congreso de los Diputados (esta sí es absoluta) frente a la mayoría del Parlament catalán (también absoluta) que aboga por la consulta.

Pedro Sánchez siempre ha sido un personaje muy errático en cuestiones decisivas y pasa de la defensa del federalismo que recoge el documento de Granada de los socialistas sobre el modelo territorial al “nación de naciones” sin que termine de explicar las razones y, sobre todo, qué consecuencias prácticas debe tener cualquiera de las varias posturas que ha ido exhibiendo. Porque en esto, Patxi López tenía razón cuando le preguntó a Sánchez en el debate si sabía lo que era una nación. Si se acepta, se admiten unos derechos; y si no, se niegan.

Tratar de cuadrar el círculo puede ser entretenido durante un tiempo, pero termina por ser agotador cuando uno percibe que la misión es imposible. El juego de decir una cosa aquí, otra allá, una el martes y la contraria el sábado contribuye a confundir. Por eso, son los hechos los que deben ser medidos. Y el hecho es que en Sánchez descolgó el teléfono para llamar al presidente Rajoy y mostrar el apoyo del PSOE al Partido Popular en la cuestión catalana. Cuestión que, por cierto, vuelve casi al punto de partida del desencuentro porque nadie en España durante estos años se ha arremangado para explorar un acuerdo y han preferido malgastar las fuerzas, legales e ilegales, del Estado en embarrar el campo y espiar al adversario político.

El nuevo portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Abalos, ha sido quien ha puesto voz a la que es la posición oficial, de momento, de los socialistas: “El límite es la defensa de la legalidad”. Se supone, por lo tanto, que están satisfechos con la actual legalidad en su lectura más rígida (la Constitución española recoge la posibilidad de que se realicen consultas en cuestiones de especial trascendencia si el Gobierno español lo autoriza). Se está empleando la legalidad como un elemento fijo y de lectura única que actúa no como una palanca de posible solución sino como un dique que pretende contener un debate cada vez más urgente.

El PSOE de Sánchez acaba de darnos un buen ejemplo de gatopardismo político: “cambiar todo para que nada cambie”. En esto, hay que decirlo, Susana Díaz arrojaba menos dudas y, sobre todo, no mareaba la perdiz.