Los empresarios son así. Resueltos, que no atropellados, y rápidos, que no precipitados, a la hora de pedir mejores condiciones para su actividad. Sin tiempo que perder, han esperado a que el nuevo ejecutivo de Rajoy tome posesión de sus respectivas carteras para dejar caer sus reivindicaciones, que la CEOE resume en tres premisas: estabilidad política, consolidación presupuestaria y consolidación de las reformas. En otras palabras, quieren una oposición dócil en el Congreso, ajustes en el gasto público y una menor presión fiscal.

Como se puede comprobar, son insaciables. La principal preocupación de los empresarios reside en que el nuevo Gobierno español no emprenda un camino distinto al recorrido en los últimos cinco años, cuando todo parece indicar que la política económica seguirá por los mismos derroteros ya que el núcleo duro económico sigue bajo los auspicios del neoliberalismo (De Guindos) y la Virgen del Rocío (Báñez), unidos por la fiscalidad asimétrica (Montoro). Es decir, fuerte dependencia de los datos macroeconómicos (PIB, déficit público, etc.), apoyo a los empresarios con la vigente reforma laboral y escasa sensibilidad respecto a la creación de empleo de calidad, las pensiones, la dependencia que son las asignaturas pendientes.

Vistas las circunstancias que se han dado cita en la investidura de Rajoy, resulta utópico e ilusorio pensar que se va a salir del bucle señalado por una gobernanza que ha afectado a las condiciones de vida y de trabajo de miles de familias. Volveremos a ser víctimas de la publicidad engañosa que asegura (como el detergente que siempre lava más blanco) la creación de miles de puestos de trabajo acompañando al mayor crecimiento económico de Europa, sin pararse a pensar en que, con la excusa de la crisis y de las reformas exigidas desde Bruselas, se ha impulsado medidas que han empobrecido a las clases medias y llevado a la marginalidad a los más necesitados, al tiempo que no han abierto camino para las nuevas generaciones.

Récords de Rajoy Por resumir la vieja gobernanza, revestida esta semana con la etiqueta de nuevo Gobierno, España tiene el récord europeo de paro juvenil, el de desahuciados y el de ciudadanos estafados por productos financieros contaminados. Lo cual no es óbice para seguir escuchando las demandas empresariales. Definitivamente, son insaciables. Déjenme, sin embargo, que recuerde algo importante y trascendental para el futuro, como es la política fiscal porque ha sido, y así debiera seguir, el complemento necesario que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos consagrados en las constituciones modernas.

La fiscalidad es el medio esencial para financiar los gastos que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos. Hacen falta recursos tributarios para que las pensiones, la sanidad, los servicios educativos o los servicios sociales funcionen adecuadamente, atendiendo las necesidades de los ciudadanos y no a las exigencias empresariales. Además debe ayudar (la fiscalidad) a corregir las desigualdades y no, como ha ocurrido últimamente, a favorecer a los defraudadores. Por último, el sistema fiscal debe facilitar el crecimiento estable y sostenido de la economía.

Todo eso es responsabilidad directa de un gobierno. Paradójicamente, todo eso se ha cuestionado y criticado en la legislatura pasada. Se ha dicho, por ejemplo, que la reforma laboral ha precarizado contratos y favorecido despidos sin incentivar la creación de puestos de trabajo, pero la nueva legislatura no ofrece margen de maniobra o cambio. Todo seguirá como hasta ahora, salvo milagro prodigioso que haga salir a Rajoy de esa postura ensimismada y autocomplaciente que le rodea.

Claro que, si ocurriera semejante prodigio, ahí están los empresarios para enderezar el rumbo y volverlo a poner en circunstancias favorables para ellos. Es decir, para recordar a Rajoy que el nuevo gobierno debe seguir la senda de la vieja gobernanza.