COMO es bien sabido, en ocasiones los árboles no dejan ver el bosque o, lo que viene a ser igual, un escándalo morboso impide ver otro mucho más importante y trascendental. Así, esta semana hemos podido asistir a la comedia bufa en la que se ha convertido el juicio del caso Gürtel, mientras que noticias como los correos electrónicos que un inspector del Banco de España (BdE) remitió a los responsables de esa entidad en los que predecían el descalabro de Bankia si salía a Bolsa permanecen en una segunda fila mediática, pese al coste, superior a los 20.000 millones de euros, que ha supuesto para el erario público.

El tema es escandaloso. No se trata solo de reivindicar que los responsables, públicos o privados, del descalabro de Bankia paguen por sus errores y delitos, incluidas las tristemente famosas preferentes o las escandalosas tarjetas black, como estamos viendo con todo un ex vicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI (Rodrigo Rato) sentado en el banquillo junto a otros listillos. Lo realmente preocupante es que los encargados de inspeccionar, regular y supervisar a las entidades de crédito puedan actuar con absoluta impunidad y servidumbre a los intereses políticos de unos o financieros de otros, tal y como parece que ha ocurrido en el caso que hoy nos ocupa.

El BdE, conviene recordarlo, es el supervisor del sistema bancario español. Es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con autonomía e independencia respecto a la Administración del Estado, aunque, se supone, está bajo las directrices del Banco Central Europeo (BCE), como máximo garante de la política monetaria de la eurozona. Ambas entidades, por tanto, están comprometidas en el ejercicio de una función que, directa e indirectamente, termina afectando a los bolsillos y al bienestar de la ciudadanía.

desfachatez sin medida La desfachatez es inmensa, denunciable e indignante. Fíjense que la persona que en la primavera de 2011 recibió los correos con las correspondientes alertas sobre la viabilidad de Bankia, Pedro Comín, encargado de la inspección previa a su estreno bursátil (julio 2011) fue nombrado, tres años más tarde, director general adjunto de Supervisión del BdE. ¿Cómo es posible que el sistema financiero español siga bajo su supervisión? Ya me contarán cómo podemos depositar nuestra confianza en quien hacía caso omiso a mensajes que decían en abril de 2011: “Mientras sigamos sin solucionar el problema, el grupo cada día valdrá menos, y las acciones de Bankia también. Al final, el FROB tendrá que convertir su deuda en acciones de BFA y responder frente a los tenedores de subordinadas y preferentes para evitar que digan que un banco público deja tirados a unos inversores privados minoristas”.

Si hemos conocido estos correos es porque el juez que instruye el caso Bankia así lo ha requerido y demuestran que la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, y quien fuera gobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, instrumentaron una operación política para sacar a bolsa Bankia, haciendo oídos sordos tanto a los citados correos, como a las advertencia del FMI cuando expresó “las dudas sobre la suficiencia de las ayudas para restablecer la solvencia de las cajas de ahorro”.

Más aún. Resulta incomprensible que el actual gobernador del BdE, Luis María Linde, proteja o mantenga en sus puestos de responsabilidad (¿?) a los anteriores autores materiales de la quiebra de gran parte de las cajas de ahorro y del engaño bursátil de Bankia. Solo cabe una explicación: que gran parte de la dirección del BdE estaba en el ajo y conocía sus deficiencias.

Por todo ello, parece más necesario que nunca que el Congreso de los diputados abra una comisión de investigación, que ya fue rechazada por el PP en diciembre de 2014. No se trata de establecer responsabilidades penales, sino aquellas derivadas de la corrupción moral de quienes ocupando un cargo público no cumplen con sus obligaciones.