EL pueblo de Gasteiz volvió a estar a la altura y dio ayer una nueva lección de reconocimiento y solidaridad con las cinco víctimas mortales de la brutal represión de la policía todavía franquista el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de Zaramaga, a las que hay que añadir otros dos muertos en manifestaciones de protesta posteriores. Cuarenta años ya exigiendo justicia y reparación. Cuarenta años sin una investigación decente, sin que el Estado haya asumido responsabilidad alguna y ni siquiera haya reconocido estos asesinatos, sin depuración de los responsables y sin que nadie, absolutamente nadie de los implicados, haya hecho un simple gesto de arrepentimiento.

Víctimas que no son víctimas, porque no tienen reconocimiento alguno y solo les queda la esperanza de que prospere la querella argentina que lleva la jueza Servini y que tantas trabas está encontrando en el Gobierno español.

Gasteiz se portó y los homenajes y la manifestación transcurrieron con normalidad y sin incidentes, quizá porque la Ertzaintza había encontrado previamente abundante material para sabotajes. Así que el combustible incendiario se trasladó al Parlamento Vasco, donde se vivieron escenas lamentables, impropias del recuerdo a la memoria de las víctimas.

Es cierto que ya las hemos visto antes. Y con los papeles cruzados. ¿Qué diría Julen Arzuaga o cualquier parlamentario de EH Bildu si desde la tribuna el PP o UPyD les acusara de ser “expresiones de la misma realidad política” que ETA? ¿Que pertenecen a “idéntica sensibilidad política” que los terroristas? ¿Que “responden a la misma estrategia” que los asesinos? ¿Que son “piezas del mismo puzle”? Sí, dirían que eso lo han escuchado muchas veces. Pero no se puede denunciar lo mismo que se practica y dictar sentencias de culpabilidad y complicidad mientras se exige la impunidad para otros victimarios.

La izquierda abertzale siempre ha querido capitalizar los criminales hechos del 3 de marzo y ayer no perdió oportunidad de estropear el histórico acuerdo del Parlamento que denuncia la inacción de la Justicia y exige reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización para las víctimas.