euskadi mira a Escocia y Cataluña. Ambos procesos marcan pautas de actuación, sobre todo para saber desde aquí, desde Euskadi, lo que no debemos hacer. La efervescente suma de reacciones políticas derivadas de la celebración del referendo escocés y la aprobación de la Ley de Consultas por parte del Parlament catalán colocan en el centro del debate político vasco la consulta popular como cauce de expresión de la voluntad de los ciudadanos.
Escocia ha mostrado a Europa y al mundo cómo es posible desdramatizar el debate sobre el estatus de pertenencia a un Estado cuando las cuestiones identitarias y las vinculadas al reconocimiento de una realidad nacional coexistente dentro de una entidad estatal están previamente encauzadas gracias a una cultura política presidida por una voluntad de concordia y pacto que beneficia a todos.
¿Tenemos cubierta esta premisa en Euskadi? No; ¿tenemos claro, dentro de Euskadi, qué modelo de desarrollo de autogobierno, de estatus relacional con el Estado o de nivel competencial deseamos alcanzar? Tampoco. Pretender saltarse estos pasos previos u otros como el inagotado debate acerca de la territorialidad y restar importancia a la necesidad de un previo consenso interno en el seno de la sociedad vasca para lanzarse directamente a la vía de exigencia de la consulta sobre la independencia supondría anticipar un escenario que provocaría discrepancias, división y ruptura social.
El entusiasmo popular que despierta colocar en el primer plano del anhelo político la consulta es entendible. Pero un factor de discontinuidad histórica tan serio como plantearse una reforma de las fronteras requiere mucho más trabajo previo, callado y silente orientado hacia la búsqueda de puntos de encuentro, algo posible con dosis de templanza, de espíritu conciliador, de negociación y de cesiones compartidas.
Lanzarse irracionalmente hacia la bronca con el Estado, al enfrentamiento identitario e irreflexivo sin poner los pies en el suelo es una nefasta estrategia que solo generará frustración y división. Tan negativo para nuestra convivencia como sociedad vasca plural es el inmovilismo centralista bajo la excusa infundada y falsa de la pétrea estructura constitucional como la ciega precipitación proindependentista, exigiendo unilateralmente la consulta bajo la presión de una parte importante de la población.
Resulta difícil no dejarse arrastrar por la aparente euforia derivada de esta especie de endorfina que emerge de la exigencia de un referendo. Tal vez suponga nadar contracorriente pero quisiera reclamar paciencia, templanza, empatía hacia el diferente y sobre todo responsabilidad a los dirigentes políticos para exigir que no agoten las energías de los ciudadanos planteando órdagos que provocan división en bloques y una potencial ruptura de la convivencia social.
Criticar la forma en que en Cataluña se está desarrollando ese proceso rupturista no supone negar la democracia ni dejar de trabajar por lograr que haya un cauce pactado de consulta bilateralmente elaborado. Debe haberlo, hay que trabajar con dosis de pedagogía social y política, con inteligencia, con humildad, sin que tu planteamiento suene a amenaza para el otro. Solo así se logrará superar falsos conflictos y ampliar el espectro social y político de quienes apoyamos y apoyaremos una consulta pautada, ordenada en su procedimiento y en su metodología bajo la regla del consenso.
Pero ahora, con los motores preelectorales ya en calentamiento, la baza política del Gobierno central es aferrarse al inmovilismo, asociar la falsa idea de fortaleza y de unidad nacional a la rígida postura de negar el camino hacia otro escenario que sirva para compartir, para pactar y para votar sobre la base de un acuerdo. La regla clave es que someter a votación mediante consulta o referendo un desacuerdo es tanto como encender la hoguera de la división social. Hay que votar por una u otra opción, sí, pero votar a partir de un escenario de acuerdo, no de desencuentro.
En Euskadi, como en Cataluña, debe alcanzarse es un acuerdo en torno a la adecuación del concepto de soberanía a la realidad social y política del siglo XXI que resuelva nuestra inserción como nación dentro de un Estado. La solución pasa por articular cauces que permitan, con plenas garantías jurídicas y democráticas, previendo pautas de participación y reglas acerca de las mayorías necesarias, contemplar en el ordenamiento jurídico estatal el derecho de una comunidad a poder consultar a sus ciudadanos acerca de su voluntad política de pertenencia a la realidad estatal preexistente o el acceso a otro estatus de relación.
