Regeneración democrática
pRETENDER garantizar el sistema desde el inmovilismo debilita a la larga su estructura y aleja a los ciudadanos de las instituciones. Defender que la estabilidad de un sistema político exige mantener inalteradas e inalterables ciertas inercias históricas, como la institución monárquica, es un tópico político sin fundamento. Promover la regeneración democrática a través del falso movimiento, es decir, agitar formalmente ciertas reformas legales para que nada cambie, es pura retórica. Y la ciudadanía, cansada, enfadada y distanciada de la inercial, previsible y acartonada manera de hacer política tradicional reclama esferas de actuación y de decisión nunca hasta ahora exigidas.
Para evitar un péndulo que rompa el equilibrio entre representatividad, democracia y poder es necesario reformas profundas en el sistema político. Regenerar supone refundar proyectos, renovar liderazgos, escuchar de verdad a la ciudadanía.
Peor aún que la retórica hueca y vacua es la muestra de cinismo: el Gobierno central proclamó en su pomposo Plan de Regeneración Democrática que era imprescindible "trabajar con determinación en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones, a través de un ambicioso programa de reformas vinculadas a la calidad democrática". En realidad, pura fachada: palabras alambicadas, vocablos posmodernos, lenguaje tecnocrático que responde al modelo o estilo de los planes estratégicos y, como siempre, promete mucho más de lo que finalmente se cumple, como la cacareada Ley 9/2013 de Transparencia.
Con las cosas serias no se juega, nos dicen. La estabilidad del sistema no puede ponerse en peligro, nos advierten. Por supuesto, tan constitucional es proponer una reforma del texto de la Constitución como negarse a realizar una consulta en torno, por ejemplo, a algo tan trascendental como el modo de organización política del Estado (Monarquía o República parlamentaria). ¿Por qué no se tiene, por parte de los sesudos y responsables líderes del bipartidismo español, la decencia política suficiente como para afirmar de frente y sin ambages que sencillamente no se quiere hacer ni tal reforma ni tal consulta ciudadana, en lugar de ocultar sus verdaderas posiciones, cuando afirman que no se puede ni una ni otra?
¿Por qué se omite el principio de separación de poderes (legislativo y judicial) para algo tan "trascendental" como la ley orgánica de abdicación? ¿Por qué, una vez más, ha sido un proyecto del Gobierno y no una proposición de ley nacida y gestada en las Cortes Generales, meras comparsas controladas por el Gobierno, cuando debiera ser al revés, que el Congreso y el Senado controlasen la acción de Gobierno?
Hablaba el Rey en su mensaje de abdicación, literalmente, de que "los ciudadanos llegaran a ser protagonistas de su propio destino". ¿Qué mejor forma habría de materializar tal previsión que consultar a los ciudadanos acerca de "una decisión política de especial trascendencia", como señala el art.92 de la Constitución?
En un sugerente blog que pretende contribuir al debate jurídico entre personas que no estamos seguras de tener razón (El derecho y el revés), se reflexionaba recientemente acerca de la tesis del riesgo frente a la intransigencia. Si se analiza todo lo acontecido en cuestiones de Estado desde la transición de la dictadura a la democracia puede comprobarse cómo esa tesis del riesgo se ha impuesto siempre que se ha querido atenazar a la ciudadanía bajo el miedo al cambio, apelando al coste de inseguridad y desequilibrio que una reforma profunda del sistema podría representar. Debido a ello, por ejemplo, dos instituciones complementarias y legitimadoras de la democracia representativa como son la iniciativa legislativa popular y el referéndum fueron vistas con desconfianza y reguladas con cicatería democrática.
Nunca es buen momento para quien en realidad no quiere cambiar nada ni pretende afrontar reformas que en realidad consolidarían y reforzarían el sistema a través de su actualización y modernización. ¿Para cuándo una reformulación del sistema de articulación territorial de poder político en España? ¿Por qué no seguir ejemplos de buenas prácticas en reformas constitucionales modernas como los ofrecidos por Alemania, Francia, Portugal o Italia?
¿Por qué cuando se reformó la Constitución a velocidad de la luz, en un solo día, como se hizo por el pacto entre PP y PSOE, el argumento fue, curiosamente, el peligro que supondría no haberlo hecho? ¿Por qué cuando abdica el monarca se vuelve a activar la tesis inmovilista del riesgo? La monarquía es muestra del pacto constitucional, se nos dice, y garantiza la tranquilidad política, institucional y económica. ¿Por qué se argumenta demagógica e incorrectamente, como si fuésemos inmaduros y desinformados ciudadanos, que "fue el Rey quien nos trajo la democracia"?
Demasiadas preguntas sin respuesta que provocan malestar y desapego hacia el sistema por parte de la ciudadanía. Las grandes revoluciones cívicas se instalan en el ADN social de forma silente. Y la inercia o la pasividad no resuelven nunca por sí solas los problemas sociales.
Ojalá los dirigentes políticos responsables perciban esta deriva antes de que sea demasiado tarde. Por el bien del sistema y de la regeneración democrática.