A veces tengo la sensación de que a varias siglas políticas se les quedó paralizado el tiempo en algún momento pues se van repitiendo año tras año. Misma palabrería, igual descaro ante los derechos del pueblo vasco y de cualquier otro. Resulta insultante que esas voces insistan, con toda la desfachatez y hasta la saciedad, en los mismos mensajes interesados.
La ponencia que comenzó el jueves en el Parlamento de Gasteiz es una nueva muestra de la poca intención que tienen los grupos de adscripción nacional española de respetar a la mayoría ciudadana vasca representada en esa Cámara con un 64%. Por lo que parece necesario desnudarles de su engañoso uniforme democrático, decir las cosas como son y denunciar que es imposible encontrar espacios conjuntos para la superación del desgastado marco estatutario actual si continúan encerrándose en su amenazante españolidad.
A estas alturas ya hemos aprendido que cualquier iniciativa democrática que pretenda la modificación del estatus centralista es censurada, prohibida y negada por la fuerza y bajo engañosos argumentos legales. No les duelen prendas en sacar a pasear al Tribunal Constitucional cuando ven peligrar sus intereses. Un tribunal, lo sabe todo el mundo, que siempre decide lo más conveniente para que el recalcitrante e interesado centralismo ultranacionalista español argumente fraudulentamente contra los más básicos principios democráticos, pues su objetivo no es otro que mantener el control sobre pueblos y derechos que no les pertenecen.
Organizaron una transición, pretendidamente democrática, con la que se les llenó la boca. Nos han repetido machaconamente eso de que "en democracia se puede hablar de lo que se quiera". Mienten, como ya sabíamos; aquí y en Catalunya. ¿Qué más queremos para reaccionar cuando residencian nuestra soberanía "en el pueblo español"?
Al pueblo catalán le dicen ahora lo que ya oímos cuando en 2005 el lehendakari Ibarretxe defendió en Madrid el nuevo Estatuto aprobado democráticamente por la mayoría del Parlamento Vasco. Es inaceptable que repitan que "sólo una decisión de la soberanía del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña". O lo que es lo mismo, deciden lo nuestro quienes quieren que les sigamos engrosando las arcas para gastárselo en casas reales, ejército y la larga retahíla de instituciones y gobiernos autónomos artificiales que salen más en la prensa por la corrupción que por otra cosa.
No se puede celebrar un referéndum, no se puede defender poner en práctica el derecho a decidir, no se pueden dar pasos en pos de una soberanía que nos pertenece por existir, repiten. Todo intento de dotarnos de herramientas como naciones que saben que su futuro depende de gobernarnos y tener una presencia independiente en el mundo es imposible en el marco de su bonita Constitución de 1978. Y por si se nos había olvidado, y con la chulería más barriobajera, apelan a un texto que en su artículo 8 hace al ejército garante de la integridad territorial (la que imponen).
A mi modo de ver, la última gracia de ese alto tribunal tiene de bueno la clarificación certera de que van a mantenerse en una posición radicalmente contraria a respetar la lógica evolución democrática de los pueblos catalán y vasco. Por lo que deberíamos obrar en consecuencia.
