PESE a las programáticas declaraciones de principios, la triste evidencia se impone: la justicia, a día de hoy, no es igual para todos. Asistimos indignados a una anomalía, a una arbitrariedad grave que afecta a los pilares troncales del Estado de Derecho y por extensión al propio sistema democrático. La imputación a la infanta Cristina en el caso Nòos parece poder acabar convirtiéndose en un boomerang procesal de ida y vuelta; fue imputada, se le retiró tal condición mediante una cuestionable decisión de la Audiencia Provincial de Palma, con el pleno apoyo del Fiscal, y ahora, meses más tarde, los nuevos indicios probatorios arrinconan procesalmente a este miembro de la Casa Real, siendo más que previsible un nuevo intento procesal de imputación, al que de nuevo se opone la Fiscalía, que ha llegado a presentar un informe exculpatorio, solicitando la exoneración de toda responsabilidad de la hija del rey antes incluso de que el juez instructor conceda plazo a las partes para pronunciarse sobre este extremo.
Cabe recordar que la infanta Cristina tiene legalmente una única prerrogativa o privilegio por el hecho de serlo: esta eximida de la obligación de comparecer ante el juez (pero no de declarar por escrito), como todos los demás miembros de la familia real distintos del rey, la reina, el príncipe heredero, el regente del Reino o sus consortes. ¿Y qué ocurrido hasta ahora? todo lo que ha rodeado a la anterior imputación a la Infanta fue anómalo o al menos heterodoxo: tras la resolución del Juez instructor Castro, argumentando en 18 folios por qué la Infanta tenía que declarar como imputada, su fundamentada decisión fue recurrida por el Fiscal y por el Abogado del Estado. El resultado fue la retirada de la imputación, acordada por la Audiencia Provincial de Palma en un tiempo récord. Todo fue radicalmente distinto desde el punto de vista procesal a lo que hubiera ocurrido caso de tratarse de un ciudadano normal y corriente. Y de hecho todo es distinto a lo que efectivamente les ha ocurrido al resto de los miembros de la Junta Directiva de Nòos, incluido el marido de la infanta.
Si hay algo que dejó claro esa decisión de retirar la imputación a la infanta (prescindiendo del dato de que la Audiencia Provincial también se curara en salud y dejase abierta la posibilidad de imputar a la Infanta por un posible delito fiscal) es que triunfó la tesis de ganar tiempo como sea y a costa de lo que sea y, que -al contrario de lo que afirmó solemnemente el rey en su famoso Discurso en la Nochebuena del año 2011 justo después de saltar a la prensa el escándalo de los negocios de su yerno- no parece que haya que esforzarse mucho para argumentar que la infanta ha recibido un trato de favor.
En particular, la Fiscalía del Estado se puso tácitamente al servicio de la infanta: no es habitual que la Fiscalía impugne las imputaciones, por la sencilla razón de que no hay ningún motivo para que el Fiscal que ejerce la acusación se prive voluntariamente de obtener información relevante para la instrucción mediante la declaración de un imputado. Lo mismo cabe decir del recurso del Abogado del Estado, que representa en este caso a los intereses de la Hacienda Pública supuestamente perjudicada por las actuaciones de los imputados, personado en este procedimiento como acusación particular y que debería de tener el mismo interés en esta declaración. Todos actuaron como si fueran el Abogado defensor de la infanta que, éste sí, tenía todos los motivos y toda la legitimidad del mundo para recurrir la imputación. Hasta tal punto ha sido así que el abogado defensor de la Infanta no tuvo más trabajo como defensor que el de adherirse al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía.
Si en este caso todos han actuado como abogados defensores de la infanta (salvo la acusación popular) cabe preguntarse quién defiende en este caso los intereses de la Hacienda Pública. La necesidad de sacar a la infanta del atolladero hace que el Ministerio Fiscal llegara a presumir que no va a existir materia suficiente para formular la acusación contra la misma antes de terminar la instrucción.
El hecho de que la infanta reciba un trato procesal muy distinto al que correspondería a cualquier otro ciudadano en un caso penal ante un Juzgado de Instrucción, utilizando para ello a las instituciones que deben defender el imperio de la Ley y el Estado de Derecho, es un golpe para ese mismo Estado de Derecho y para la democracia. Y en este contexto puede llegar, para mayor esperpento procesal, una nueva imputación de ida y vuelta a la Infanta.
Este tipo de problemas se pueden y se deben solucionar de la forma en la que se resuelven de verdad los problemas en una democracia: asumiendo responsabilidades. Y sólo pueden hacerlo los que dejaron hacer y miraron para otro lado mientras bajo su supuesto control crecía una trama que se forjó a lo largo de muchos años, tiempo en el que el nombre, la autoridad y el supuesto prestigio de la institución monárquica se utilizaron como moneda de cambio, como llave milagrosa capaz de abrir puertas y engrasar intereses. Por el bien de las instituciones, ya es hora de que la llave cambie de manos.
