DESDE que ETA anunció el cese de su actividad armada, y por duro que sea reconocerlo, la mayoría de la sociedad vasca vive aliviada en esta nueva situación, rápidamente acomodada a la ausencia de sobresaltos pero sin mayor interés por preocuparse de los flecos que queden sin resolver. Aunque es cierto que esa gran mayoría no está directamente afectada por lo que denominan "las consecuencias del conflicto", lo cierto es que su no resolución deriva en un desasosiego permanente, una cuenta aún pendiente que traslada la sensación de que seguimos siendo una sociedad enferma. En ese contexto, en el bloqueo del proceso definitivo de paz, hay que entender la iniciativa de Lokarri y Bake Bidean de impulsar el Foro Social que tuvo lugar en marzo y cuyas conclusiones se han hecho públicas esta semana.

La Conferencia de Aiete del 17 de octubre de 2011 fue, además de una pista de aterrizaje para que ETA diera el paso, un intento de sentar las bases metodológicas para el desarrollo del proceso de paz y normalización que pasaría precisamente por la resolución de esas "consecuencias del conflicto". Pasada la euforia inicial, el hecho de que la izquierda abertzale en todas sus expresiones proclamase que las conclusiones de Aiete eran su hoja de ruta provocó el recelo del resto de partidos vascos, el perjuicio para Lokarri de identificación con esa fuerza política y, aún peor, la absoluta cerrazón del Gobierno español a realizar el menor gesto, ningún paso para impulsar las conclusiones de los agentes internacionales presentes en Aiete. Este inmovilismo ha acrecentado la inquietud en las cárceles, la angustia en los familiares de los presos y la preocupación en la izquierda abertzale.

Las recomendaciones del Foro Social pretenden reactivar aquel proceso afrontando las dos claves: el desarme de ETA y la situación de los centenares de presos vinculados con esa organización, en un marco que garantice los derechos humanos con el objetivo del diálogo y la reconciliación.

Aboga el Foro por el desmantelamiento de las estructuras militares de ETA mediante un proceso controlado y con la intervención de agentes facilitadores independientes. Aboga por el consenso por una solución integral para presos y huidos mediante la aplicación de la justicia transicional, es decir, acompasada a la realidad de este nuevo tiempo. Ello implica, por una parte, la modificación de la actual política penitenciaria, condicionada en perjuicio de los presos por las aplicación de medidas legales excepcionales. Por la otra parte, se plantea a los presos su reintegración escalonada e individualizada con la renuncia expresa a las vías violentas y el reconocimiento del daño causado.

Aboga por establecer garantías para los derechos humanos llevando a cabo las reformas legislativas que los aseguren, al tiempo que se rechaza toda impunidad que empañe la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Aboga por redimensionar la presencia de cuerpos y fuerzas del Estado para adecuarlas a la realidad actual. Aboga por la promoción en el futuro de un proceso de verdad, justicia y reconciliación para poder elaborar un relato que necesariamente, y por sentido común, deberá ser plural.

Como reflexión de estas recomendaciones del Foro para reactivar el proceso atascado, hay que reconocer que en una lectura desapasionada del texto quedan afectados principios estratégicos hasta ahora inamovibles aplicados al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Por más piruetas semánticas que se pretendan aportar a efectos justificativos, en las recomendaciones del Foro se pone fin a reivindicaciones históricas como la amnistía, las decisiones colectivas, la libertad recuperada en bloque, las demandas en común. Uno a uno y con todos los requisitos que desde hace varios años vienen aceptando los presos acogidos a la vía Nanclares, expulsados en su día del EPPK, marginados por ese colectivo y, además, por los partidos integrantes de la izquierda abertzale en cualquiera de sus expresiones, ya sea Bildu, EH Bildu o Amaiur.

Como respuesta política a las conclusiones del Foro, ha sido claro y explícito el apoyo de Sortu y las formaciones de EH Bildu aunque tácticamente reconocen que tienen que ceder en aspectos que no les gustan. Como avance e impulso al proceso de paz lo califican el Gobierno vasco y el PNV, y en la misma línea se expresan Ezker Anitza e IU. El PSE se ha quedado en una especie de discreción pactada, sin manifestar excesivo entusiasmo ni rechazo explícito. Queda como prevista la reacción del PP y de UPyD, encerrados en su resistencia y aferrados al inmovilismo del Gobierno español dejando que el problema se pudra y, de paso, se pudran en la cárcel los que considera provocadores del problema.

Es pronto para conocer el alcance de las conclusiones del Foro, y cuáles serán las iniciativas institucionales para activarlas o engarzarlas con otras ya en marcha. En cualquier caso, algo había que hacer para desatascar el proceso y Lokarri, una vez más y afortunadamente, se ha metido en el barro para beneficio de todos.