¿Democracia o cleptocracia?
la secuencia de escándalos de corrupción política, y en especial la dimensión de corruptela descubierta tras el caso Bárcenas, omnipotente y omnipresente tesorero del PP durante una larguísima etapa, constituye una pesada losa política. Existen instrumentos legales para frenar esta secuencia de escándalos. Lo que es necesario es materializar tales previsiones, ejercer una presión interna desde cada formación política para ser intransigentes ante conductas que desvirtúan la esencia de la política y que provocan malestar e indignación en la ciudadanía. Todos recordamos el contexto histórico en el que surgió la expresión patente de corso, que otorgaba impunidad a quienes portaban tal autorización para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas, en la medida en que tales actuaciones delictivas contaran con el beneplácito del poder público, que se beneficiaba de las mismas en una suerte de receptación institucionalizada.
Algo similar, en cuanto a esa aparente sensación de impunidad, viene unida a la percepción de un mayúsculo escándalo de corrupción y de nepotismo como el que ahora rodea al PP. Solo cabe esperar que no se traslade a la ciudadanía la teoría de la conspiración, como inefable respuesta política-defensiva argumentando que "otros también lo hacen", porque tal táctica deja paso a la evidencia de unos niveles de corrupción que reclaman un juicio ejemplarizante, justo y contundente.
En un contexto de acentuado desapego de la ciudadanía frente a la clase política, este tipo de escándalos contribuyen a exacerbar reacciones populistas y demagógicas. Una de ellas consiste en generalizar el discurso de que toda la clase política se corrompe y que todos los partidos reaccionan del mismo modo ante escándalos de corrupción. Para la credibilidad de dirigentes políticos que no miran hacia otro lado o que no contemporizan ante escándalos de tal magnitud, es necesario, más que nunca, trasladar a la ciudadanía un mensaje de confianza y de firmeza, dejando a la justicia que actúe y clarifique eventuales responsabilidades. Ojalá sirva para regenerar el clima de la política y rescatar la confianza de los ciudadanos en su clase dirigente.
Y si miramos a Europa, y con datos de esta misma semana, el escenario de escándalos se reproduce: en Austria, la condena de cuatro años de prisión impuesta al exministro del Interior y antiguo eurodiputado austríaco Ernst Strasser por corrupción ha sido ejemplarizante. En Eslovenia, el divorcio entre la clase política eslovena y la población aumenta a medida que se revelan nuevos casos de corrupción que implican al mismo jefe de gobierno. En Eslovaquia, la campaña electoral por la presidencia del país viene monopolizada por el debate en torno a los casos de corrupción generalizada. Cabría seguir, pero basta echar un vistazo al reciente estudio de la ONG Transparencia Internacional, que en diciembre presentó su informe 2012 sobre la percepción de la corrupción en el mundo. Finlandia y Dinamarca comparten la cabeza de la clasificación como mejores prácticas anticorrupción. Somalia y Corea del Sur compartan la última plaza. Entre los países de la UE, Grecia es el peor calificado -en el puesto 94, como Yibuti y Colombia-, 19 posiciones por debajo del penúltimo Estado miembro en la clasificación, Bulgaria.
Grecia, un Estado hundido en la corrupción e incapaz de pagar sus deudas, ha sido presa fácil para la voracidad de multinacionales... ¡entre ellas varias alemanas! Esas multinacionales sacaron provecho sobornando a los políticos durante años, como se demuestra en el ejemplo de que Grecia y la empresa alemana Siemens están a punto de cerrar un compromiso jurídico "que pretende terminar con el pasado y abrirá una nueva vía a inversiones limpias en el futuro".
Al igual que Siemens, otras empresas como Daimler, MAN o Ferrostal agasajaron generosamente durante años a los responsables griegos para conseguir contratos muy jugosos, como la modernización de la red telefónica helena, el sistema de seguridad para los Juegos Olímpicos de 2004 o la entrega de submarinos. Pues bien, el Estado griego, incapaz de pagar sus facturas, debe 150 millones de euros a Siemens. Según el acuerdo, la empresa renunciará a 80 millones y a pagar indemnizaciones, pero podrá participar en otros proyectos por un importe de 170 millones de euros, como el de la ampliación del metro de Atenas.
¿Qué hacer ante esta secuencia de escándalos? Hay una demanda social cada vez más extendida: se extiende una exigencia de conductas decentes y honestas. La responsabilidad moral nos es exigible a todos, pero en especial a quienes desempeñan cargos financiados con el presupuesto público. Con la que está cayendo, en plena crisis, necesitamos y reivindicamos más buenas prácticas, más ejemplos y menos leyes. Hay una dimensión financiera y una dimensión moral de esta crisis que estamos soportando, motivada no solo por una defectuosa o inexistente regulación o por la falta de verdadera supervisión sobre la voracidad lucrativa de los operadores, económicos y políticos.