todo parece indicar que las próximas jornadas pueden ser decisivas para la banca española. A primera vista, los mercados parecen tranquilos, la prima de riesgo da un respiro y el Tesoro ha colocado con cierta facilidad las tres primeras emisiones de deuda del año, al tiempo que el Banco de España trata de hacer valer su responsabilidad como entidad supervisora y pone freno a la guerra para captar depósitos, mientras que Bruselas parece aceptar la propuesta del Gobierno español para que las cajas más solventes puedan controlar los bancos a través de las fundaciones bancarias, lo que afecta directamente a Kutxabank.

No obstante, hay mucha letra pequeña por medio que puede hacer aflorar alguna que otra sorpresa desagradable en el complejo escenario financiero español. En este sentido, el Banco de España -tutelado por el BCE- tendrá que desarrollar una férrea regulación para atar en corto a las fundaciones que controlen más del 30% de los bancos salidos de las antiguas cajas. Les exigirán "un protocolo de gestión" y un "plan financiero" que deberá ser aprobado por el supervisor, con claras directrices sobre las inversiones. Y lo más importante: Bruselas exige la creación de un fondo de reserva con el que las fundaciones se aseguren de que pueden inyectar capital suficiente en los bancos en caso de problemas.

Eso sí, las condiciones de ese fondo de reserva son "significativamente costosas", según el documento de 19 páginas elaborado por la Comisión Europea, hasta el punto de que pudiera hacer desistir a las cajas de mantener el control mayoritario de sus bancos. Por otro lado, en caso de que se detecte la más mínima deficiencia, además, el Ejecutivo facultará al Banco de España para que pueda obligar a reducir la participación por debajo del nivel de control. Por tanto, nada está claro, salvo las condiciones comunitarias.

Poder conservar el control del banco es, en principio, uno de los principales objetivos de los rectores de Kutxabank, pero no será gratuito. Así, cuanto mayor sea la influencia de la caja en el banco mayor serán las exigencias que Bruselas sobre todo en materia de gobierno corporativo, transparencia y en el fondo de reserva o coeficiente solvencia, cuya cuantía puede limitar la operatividad del banco en el mercado crediticio. En consecuencia, habrá que esperar al próximo mes de febrero para conocer las condiciones del proyecto de ley de cajas que pasará al Congreso, donde los diferentes grupos políticos podrán incluir sus enmiendas. El objetivo es que entre mayo y junio esté aprobada la ley.

Mientras llega ese momento, el Gobierno de Rajoy tendrá que superar un nuevo examen del FMI sobre la reforma del sector financiero. En concreto, los representantes del FMI, que ya estuvieron en España en octubre, llegarán el próximo 28 de enero. El informe forma parte de la "asistencia técnica" del FMI, que está supervisando la reestructuración, tal y como se acordó entre el Ejecutivo y las autoridades europeas en el Memorándum de Entendimiento del rescate a la banca el pasado verano. Está previsto que el Fondo publique sus conclusiones preliminares sobre la marcha de la reforma en un breve espacio de tiempo tras acabar su visita, lo que tendrá lugar el 1 de febrero. El informe definitivo se trasladará al Gobierno español y a la Comisión Europea a principios de marzo.

En este capítulo, no es posible determinar con exactitud la influencia que pueda tener el informe elaborado por la Asociación de Inspectores del Banco de España donde se denuncia la actitud del Banco de España como supervisor ante las malas prácticas. "La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado", proclama una frase del último punto del documento. Y no hay que olvidar que, entre las exigencias de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) contempladas en el Memorándum de Entendimiento que dio luz verde al rescate de la banca española se exige "una revisión interna formal" de los métodos de supervisión "a fin de detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas".

Por último, pero no menos importante, hay que recordar como el Banco de España trata de poner fin a la guerra bancaria para captar depósitos mediante la limitación de su rentabilidad donde se recomienda una barrera del 1,75% en las imposiciones a un plazo de hasta un año y del 2,75% para aquellas que lleguen a los dos años. El sector bancario no está molesto con esta medida. Más bien al contrario. Creen que es una buena noticia y que favorecerá la concesión de préstamos porque puede rebajar el coste (intereses) de los créditos.

Por su parte, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se dirigió hace unos días al Banco de España para antes de tomar una decisión de si investigaba o no la medida porque podía limitar la libre decisión de los agentes económicos a la hora de ofrecer sus servicios. La respuesta se centró en dos cuestiones: no se trata de una medida obligatoria sino que es una recomendación y su no cumplimiento no llevará aparejado necesariamente el establecimiento de una penalización en el nivel de cumplimiento de los requisitos de capital.

Como pueden comprobar, se habla mucho pero se clarifica poco sobre las tres cuestiones que hoy hemos tratado: el control de los bancos por parte de las cajas; la supervisión que ejerce el Banco de España y la guerra de depósitos. Todo está por hacer.