LA legalización -por los pelos- de Sortu, como no podía ser de otra manera, ha sido acogida con satisfacción por la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Ha supuesto una vuelta a la normalidad democrática, durante tantos años agredida que casi nos habíamos acostumbrado a convivir con la excepcionalidad.

La transición, la reforma y la consolidación de lo que han venido proclamando en el Estado español como Estado de Derecho han estado plagadas de legislaciones especiales y modificaciones jurídicas ad hoc, casi todas ellas vinculadas al conflicto vasco. Han sido recortes a las libertades democráticas básicas, como los derechos de asociación, de expresión, de circulación, de manifestación y aun de reinserción. Recortes ante los que, desgraciadamente, nos hemos ido encalleciendo limitándonos en algunos casos a sortearlos a base de fintas jurídicas, o a consentirlos con resignación y hasta a aplaudirlos con entusiasmo, que de todo ha habido.

Por si no hubiera bastado con la Ley de Bandidaje y Terrorismo, el TOP y los tribunales militares del franquismo, sobre las espaldas de muchos ciudadanos vascos cayeron las siguientes mutilaciones de la nueva democracia:

La Ley de Seguridad Ciudadana de 1978, "perfeccionada" en 1988 con normas excepcionales sobre la incomunicación del detenido y la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial. De esta Ley se derivó el cierre de medios de comunicación y la teoría de "todo es ETA".

La reforma de la ley a cuenta del "terrorismo de baja intensidad", para que los menores pudieran ser juzgados por la Audiencia Nacional y se pudieran solicitar por esos delitos hasta 18 años. La Ley de Partidos, que provocó la ilegalización de la izquierda abertzale y de numerosas asociaciones y colectivos vinculados a ella.

La política penitenciaria, que además de instaurar la dispersión a partir de 2003 aumentó las penas de 30 a 40 años, la clasificación inmediata en "primer grado" a los presos vinculados con ETA, el cumplimiento íntegro de las penas y la doctrina Parot.

Añádanse a todo esto los pactos políticos supuestamente contra el terrorismo pero incluyendo de paso el ataque contra toda reivindicación del derecho de los vascos a decidir su destino, los excesos verbales de analistas y tertulianos, o la patente de corso para el agravio a cuenta de variopintos colectivos subvencionados.

Estábamos tan hechos al palo que casi nos acostumbramos a convivir con toda esa excepcionalidad. Más aún, hemos vivido al límite de la insensibilidad, vinculando todos estos agravios con el terror totalitario ejercido por ETA. Sólo el paso del tiempo, la decisión de la organización armada de poner fin a su violencia y la incierta, aleatoria, intervención de tribunales superiores en respuesta a recursos fundamentados, ha ido recomponiendo retales de unas libertades democráticas quebrantadas.

Se ha legalizado Sortu en el contexto ya viciado de un poder judicial entreverado de refriegas, celos y presiones políticas. Seis contra cinco, casi salvados por la campana de la renovación del Tribunal Constitucional.

Se ha acabado con casi diez años de excepción que no solamente ha llevado a la cárcel injustamente a decenas de personas, sino que ha modificado el censo con interés marrullero, desnaturalizando la representación institucional y ahondando gravemente la fractura social.

Aunque la izquierda abertzale ya había medio resuelto con su integración en Bildu la posibilidad de participar en la vida institucional vasca, hay que tener en cuenta que fueron notorios representantes de ese sector social quienes en febrero de 2011 presentaron Sortu en público, con unos estatutos de impecable naturaleza democrática que, cosas del contexto anteriormente descrito, tampoco fueron homologados por el Tribunal Supremo. La justicia española ha echado marcha atrás y ahora resulta que Sortu valía, y no hubiera sido necesario improvisar "listas blancas" para la elecciones de 2011. Un obstáculo más que se ha salvado y un motivo menos para apelar al victimismo como reclamo electoral.

La legalización de Sortu supone el fin del cercenamiento de derechos políticos para un amplio sector de la ciudadanía vasca, pero el mal ya está hecho. Una sociedad como la nuestra queda necesariamente "tocada", afectada, por tantos años de arbitrariedad y ensañamiento de los tres poderes: el legislativo que creó leyes de castigo, el judicial que las interpretó con parcialidad y el ejecutivo que las hizo cumplir con saña.

Sortu ya es legal, pero siguen en la cárcel ciudadanos que contribuyeron a su creación. Sortu ya es legal, pero protestan por ello partidos políticos, colectivos incendiarios y poderes mediáticos. Sortu ya es legal, pero han sido demasiados años de atropellos y demasiadas heridas en la conciencia democrática de este pueblo como para olvidarlas por una sentencia judicial favorable. Queda, por tanto, tiempo de sobra para la normalización.