El próximo 10 de junio se van a cumplir 1.000 días del mayor paradigma de la actual crisis, como es la quiebra del banco Lehman Brothers -15 de septiembre de 2008-. Un tiempo más que suficiente como para comprobar hasta qué punto las autoridades políticas y financieras han sido capaces de gestionar y corregir las actividades que condujeron a la debacle bancaria y la burbuja inmobiliaria. Mirando esos casi mil días, tan sólo cabe exteriorizar la decepción y la preocupación por el gran desfase existente entre aquellas medidas prometidas en su día para salir de la crisis, causada por la desregulación del mercado financiero, y las que han sido realmente implementadas para paliar los efectos de la crisis, así como para evitar nuevos escenarios críticos.
Decepción, porque mientras la sociedad ha venido reclamando cambios sustanciales y estructurales en el modelo económico, los responsables se han dedicado a promover lemas grandilocuentes, como Nicolás Sarkozy, quien 11 días después del cierre de Lehman Brothers, anunciaba en Toulon -la tercera ciudad francesa más importante de la Costa Azul- la necesidad de "refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe". Meses más tarde, el presidente francés y la canciller alemana, Angela Merkel, piden el fin de los paraísos fiscales y hace menos de un año, los gobernadores de los bancos centrales aprobaron el plan Basilea III, que regulaba la normativa bancaria respecto al capital y liquidez exigibles a cada entidad para evitar nuevas crisis financieras.
También se ha hablado de la creación de un impuesto global para la banca, a semejanza de la Tasa Tobin que fue propuesta en la década de los setenta; se ha pedido un mayor control sobre el mercado de derivados, calificado por Warreen Buffet como "armas de destrucción masiva" en mayo de 2008. Sin olvidar la opinión que para algunos expertos merecen las agencias de rating y la necesidad de crear un ente público que las sustituya a la hora de medir el riesgo financiero con un mínimo de objetividad e independencia.
Han sido, como se puede comprobar, muchas las opiniones vertidas y muchas las medidas anunciadas o prometidas, incluidas, por ejemplo, unas nuevas condiciones hipotecarias que permitan saldar el impago de los créditos con la entrega de la vivienda. Al amparo de las condiciones sociales más trágicas derivadas de la crisis -destrucción de empleo y pérdida de riqueza-, el papel lo ha aguantado todo, pero la realidad es bien distinta. Hoy, algunos países de la zona euro han tenido que ser intervenidos -Grecia, Irlanda y Portugal- por los problemas insolubles derivados de su deuda pública y otros, como España, están en el filo de la navaja.
El caso español es especialmente dramático por la tasa de paro que sufre y por la ineficacia de las medidas que se han tomado hasta la fecha. Una ineficacia que se manifiesta en el resultado de las elecciones del pasado 22 de mayo donde el triunfo de los populares no ha sido por méritos propios sino por los deméritos de los socialistas. Pero, dejemos a un lado la política electoral.
Lo que pretendo con estas líneas es señalar el grado de cumplimiento de tantas promesas enunciadas en los casi mil días transcurridos desde la quiebra de Lehman Brothers. Promesas que han sido y son espejismos en medio de un desierto, cuyas tormentas de arena amenazan con devorar el ya deteriorado estado de bienestar.
A diferencia de las medidas reguladoras que puso en marcha Franklin Delano Roosevelt en los 100 primeros días de su mandato presidencial tras la Gran Depresión que asoló Estados Unidos en 1929, las que se han ido anunciando en los últimos mil días se han quedado en simples promesas que se las lleva el viento: muchos paraísos fiscales han eludido las exigencias de transparencia fiscal; Basilea III no entrará en vigor hasta 2021; permanece el mercado de derivados; apenas se habla de una renovada Tasa Tobin; está pendiente la creación de un ente público que mida el riesgo financiero y las condiciones hipotecarias siguen invariables en el mercado crediticio español.
Todo ello permanece inalterable sin que la sociedad muestre su enfado e indignación, salvo en esos miles de jóvenes y no tan jóvenes, agrupados en torno al movimiento 15-M. Se pide una reacción ciudadana, pero muchas personas bastante tienen con sobrevivir en un escenario donde se pierde poder adquisitivo por la subida de las materias primas, la congelación salarial y la destrucción de empleo.
Los gobernantes parecen más interesados y preocupados por su futuro político que por las necesidades y problemas de los gobernados. Ahí tenemos, sin ir más lejos, a Patxi López enfrascado en la crisis interna del PSOE, mientras, en Euskadi, cuatro empresas emblemáticas como la Naval, ABB, Babcock y Nervacero anuncian la destrucción de 156, 160, 100 y 80 puestos de trabajo respectivamente. ¿Dónde están Carlos Aguirre, Bernabé Unda y Genma Zabaleta?
Dicho con otras palabras: no hemos aprendido nada en estos 1.000 días perdidos por la ineficacia de unos y el olvido de otros.
