Pedro Vázquez, de 71 años, ha visto como su única vivienda ubicada en el quinto piso del portal número 29 de la calle San Francisco ha sido okupada y se ha convertido en un narcopiso. Ya no sabe qué hacer. A día de hoy está viviendo “en el campo” a la espera de que se resuelva judicialmente el caso. “Yo no tengo vivienda, la única que tengo es esa (la okupada) donde tengo mi domicilio y mi padrón”, señala el propietario del piso en una conversación con este periódico.
El problema comenzó hace tres años pero, tal y como relata, la situación ha ido a peor con el paso del tiempo. “He perdido el control de mi casa”, afirma. A pesar de las denuncias y de un proceso judicial que sigue su curso, Vázquez sigue sin poder volver a su casa. “Hay un abuso sistemático del tema de supuestos vulnerables”, denuncia Pedro. En este sentido, añade, “la jueza que intervino en este caso ha ido aplazando el tema”.
La situación no termina aquí. “Cada vez que la policía identifica gente diferente se necesita que esas personas tengan representación legal. Son vulnerables porque no tienen asignado el abogado para poder ir a juicio”, puntualiza. Además, Vázquez señala que incluso se le llegó a responsabilizar a él. “Casi me llevan preso porque, supuestamente, yo no estaba viviendo allí”, relata sorprendido.
Proceso judicial
El proceso judicial, lejos de avanzar hacia un final, se ha ido complicando. “La última fue ya una sinvergüencería porque la jueza dijo que esto iba por vía civil, que es lo que corresponde, y al mandarlo por vía penal dijo que me estaba aprovechando de que por ahí podía ser más rápido y que no procedía”, matiza Vázquez.
La situación en la que se encuentra el piso es “insostenible”. La vivienda, con 92 metros cuadrados útiles, está “destrozada por completo”. Vázquez ha cambiado la cerradura en diferentes ocasiones sin éxito. “Llegan y la rompen. Es imposible. Mientras yo no estoy, están haciendo con la casa lo que les da la gana”.
Las escenas que le comenta el vecindario son de terror, tales como peleas con sangre o acciones como dejar heces en las puertas de vecinos. “El cabecilla del grupo va alquilando las cinco habitaciones y el salón a distintas personas. Cada vez que la policía identifica a alguien nuevo, se suma al proceso. Así no va a terminar nunca”, lamenta Vázquez, que ha solicitado judicialmente que el piso quede vacío cuanto antes.
Actuación policial
Esta cuestión se ha tratado en el Observatorio para la Convivencia de San Francisco. En su momento, además de la Ertzaintza, la Policía Municipal de Bilbao también ha estado encima de esta situación.
No ha podido intervenirse en el piso porque la Fiscalía hizo pública una nota en la que indicaba que no autorizaba las entradas en domicilios por temas de trapicheo, por lo que limitaba la intervención policial a la vía pública. En este sentido, desde mayo del año pasado, la Policía Municipal acumula 53 ocupaciones de droga y 15 intervenciones en delitos contra la salud pública, con 6 detenidos y 9 investigados.
Intervención Policial
Mayo-diciembre 2024. En el entorno del portal número 29 de la calle San Francisco, la Policía Municipal de Bilbao realizó 41 ocupaciones de sustancias estupefacientes (cocaína y hachís normalmente) y diez intervenciones en delitos contra la salud pública, con cinco detenidos y cinco investigados.
Este año, 2025. En lo que llevamos de año, la Policía Municipal de Bilbao ha seguido trabajando en torno a este bloque de viviendas y acumula 12 ocupaciones de droga (la mayoría de veces cocaína) y cinco delitos contra la salud pública, con un detenido y cuatro investigados.
El juicio esta fijado para el 1 de septiembre, pero a alguno de los implicados no se le ha notificado. Hasta que llegue ese desenlace, los daños se acumulan. “Hubo un fin de semana que dejaron los grifos abiertos y tiraron tanta agua que han causado goteras hasta el segundo piso”, asegura.
El seguro llegó a pagar cerca de 7.000 euros en reparaciones a los vecinos, pero ya ninguna aseguradora quiere hacerse cargo del inmueble. “Las cuentas del agua están embargadas”, apostilla. “Los juzgados tienen conocimiento de lo que está pasando pero la impunidad sigue”, denuncia Vázquez mientras espera que la justicia actúe.
