Los políticos, al menos la mayor parte de ellos, están desconcertados tras encontrar en las calles a la generación perdida, decidida a criticar el actual modelo económico manipulado por los banqueros, protestar contra la inacción de los gobernantes y manifestarse para mostrar al mundo su capacidad para ser becarios de día y revolucionarios de noche. Han puesto pie en pared para poner fin a un escenario sin futuro y lo han hecho masivamente, pero en paz, sin violencia, sin destrozar el mobiliario urbano y sin perder la ilusión y las buenas maneras. Al otro lado de las pancartas y las asambleas el desconcierto es mayúsculo, aunque no faltan esos gobernantes que pretenden levitar sobre el bien y el mal para ganarse las simpatías de los "indignados".
Incluso algunos ministros, como Carme Chacón, se permite el lujo de asegurar que algunas de las reclamaciones del movimiento Democracia Real Ya son "cosas razonables" e incluso "posibles" de llevar a cabo. Todo un insulto a la inteligencia de los manifestantes, porque la propia ministra de Defensa representa la causa de la indignación que se hace sentir en las plazas de distintas ciudades españolas. Es cierto que el Gobierno de Zapatero no es el único responsable de las penurias económicas. Pero es parte del sistema de gobierno y gestión económica que nos ha llevado a esta situación, perpetuados por todos los políticos que han ocupado La Moncloa.
Los indignados no se manifiestan contra el Gobierno de Zapatero, sino contra un sistema que ha permitido la desmesura de los banqueros y la falta de responsabilidad de los políticos. Por eso, las declaraciones de Chacón evidencian una hipocresía supina. No se puede calificar como "razonables" unas reivindicaciones que no han sido escuchadas ni antes ni después de la crisis financiera. No se puede hablar de peticiones "posibles" cuando nada se ha hecho en los últimos años por sacar a la juventud de su condición de becarios.
En otras palabras, la intervención de algunos gobernantes no solo es hipócrita sino oportunista, como es el caso de Patxi López, quien esta pasada semana decidió twittear con los indignados haciéndoles ver que "Intentaría convencerles de que ocuparse por el interés general es una tarea honorable, que la libertad a costa de la igualdad nos hace menos libres, que no todas las ideas y proyectos valen igual y que no es justo medir a todos los políticos por el rasero del más corrupto. Les animaría también a que no se queden sólo en el rechazo y no hagan el trabajo sucio a los oportunistas. Que lleven su enfado a la política y a los partidos, que agiten y cambien lo que les disgusta con su participación crítica".
Evidentemente no ha entendido nada. Alecciona para que no hagan el trabajo sucio a los oportunistas, pero él aprovecha la oportunidad para defender el sistema de Gobierno y el modelo económico que han defraudado a millones de personas. No hay la más mínima autocrítica, no como lehendakari, sino como parte de ese sistema y ese modelo. Posiblemente, si Patxi López y Carme Chacón leyeran los periódicos y las informaciones que aparecen casi todos los días, se hubieran dado cuenta que, mientras ellos hablan sin decir nada positivo, los despidos y prejubilaciones que traerá consigo el ajuste de las cajas de ahorros costará, al menos, 700 millones de euros a los Servicios Públicos de Empleo hasta 2014, según los cálculos realizados por el propio Ministerio de Trabajo. Hay que recordar que esos más de 700 millones de euros saldrán del bolsillo de la cotización de los trabajadores.
También sabrían que los ministros de Economía de la UE han aprobado este martes una norma que da poderes limitados a la nueva Autoridad Bursátil Europea para restringir o incluso prohibir temporalmente las ventas en corto al descubierto y los seguros para cubrir el impago de la deuda -CDS, por sus siglas en inglés- en situaciones de emergencia que amenacen la estabilidad financiera o la confianza de los mercados en un Estado miembro o en el conjunto de la Unión. Pero esta nueva autoridad europea tendrá un poder limitado, lo que asegura que, en la práctica, estará supeditado al poder financiero. Es decir, al sistema bancario causante de la grave crisis que padecemos actualmente.
Ambas noticias (ajuste de cajas y Autoridad Bursátil) eran y son dos buenas oportunidades para que los citados gobernantes (ministra y lehendakari) protestaran contra el sistema y mostrar que sus palabras no son sólo un brindis al sol. Más aún, es su responsabilidad poner de manifiesto que la excesiva politización de las cajas de ahorro españolas y un mercado inmobiliario especulativo les ha llevado a la situación actual. Pero no lo hacen, como tampoco abren la boca para denunciar esa falta de regularización del mercado bursátil.
Buenas palabras y ausencia de hechos.
