Va a ser difícil

COMO era previsible, el contenido del comunicado de ETA ha pasado bien pronto a segundo plano mientras que el debate se centra en las posibilidades que tiene la izquierda abertzale ilegalizada de concurrir al proceso electoral de las municipales y forales en mayo. Se trata, además, de un debate de urgencia porque corre el tiempo hábil para la presentación de una nueva marca en el registro de partidos. Urgencia y necesidad, teniendo en cuenta que la participación de la ilegalizada Batasuna es "fundamental", según reconoció Arnaldo Otegi en su última entrevista concedida a Gara, añadiendo que si el precio a pagar fuera el cumplimiento de la Ley de Partidos sería una peaje "insignificante".

Hay prisa, y hay necesidad, por tanto. Pero, sobre todo, hay derecho a que un partido que represente a la sensibilidad de la izquierda abertzale histórica y que además cumpla los requisitos marcados por la ley esté presente en la convivencia política. Será una clara señal de normalización. Aún más, la participación de ese importante sector de la sociedad vasca en las próximas elecciones podría proporcionar un gran impulso a la pacificación, si se cumplen sus reiteradas declaraciones de que ha dado por cerrada la estrategia político-militar de ETA.

Frente a esta posibilidad de normalización se atrincheran los poderes del Estado español, desde el partido del Gobierno al primer partido de la oposición, pasando por los cuerpos y fuerzas, los medios de comunicación hegemónicos vascos y estatales, los colectivos de víctimas del terrorismo y los creadores de opinión ilustres o de medio pelo. Se les llena la boca con apelaciones al Estado de Derecho y a las reglas del juego pero, cuando se trata de cálculos electorales y réditos políticos, atropellan derechos y alteran las reglas a su antojo. Sin ningún rubor. Con una desvergüenza que haría tambalear los cimientos de la democracia si quedase un poco de decencia. Porque, a consecuencia de un cálculo político interesado, ahora resulta que ni siquiera vale cumplir la ley.

Recapitulando los pronunciamientos más recientes que se han hecho sobre la posibilidad de legalización de la extinta Batasuna, nos encontramos con la decisión preventiva de impugnar el nuevo partido de ese sector político. Sin conocer aún sus estatutos, la decisión está ya tomada, aunque resultasen impecables en el cumplimiento de la ley.

Los adalides del Estado de Derecho han ido sumando obstáculos para impedir la vuelta de la izquierda abertzale histórica a la confrontación electoral, hasta elevar el listón condicionándola a lo que haga o deje de hacer ETA, e incluso abriendo la posibilidad de impedimento retroactivo o sobrevenido.

El presidente español, Rodríguez Zapatero, advierte de que no hay ninguna prisa para la legalización de Batasuna. Su vicepresidente y ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, contradice al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y repite sus habituales condiciones necesarias para la legalización: "O consigue convencer a ETA de que deje definitivamente las armas, o rompe fehacientemente con ETA". No se para a pensar en que ninguna de las dos exigencias es posible si Batasuna no es legal, es decir, si no existe.

Su otro vicepresidente y ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, adelanta que la legalización "no será aceptada por los tribunales", al menos de momento, porque "ya se irá viendo" hasta mayo cuál es la evolución de ETA. Una versión dulcificada de la cuarentena que pedía Basagoiti.

De lo que opinan Rajoy, Cospedal, Mayor Oreja, Aznar y los colectivos de víctimas instrumentalizados por el PP, poco hay que decir que sorprenda. En realidad, el fondo es el mismo: no legalizar a Batasuna. Cambian -a peor, claro- las formas y los exabruptos.

Si esta catarata de proclamas contra la legalización, viniendo de donde vienen, no es una rotunda presión a los jueces que la decidirán, los burros vuelan. Si a esta presión se suman las directrices de la Fiscalía General del Estado y la proverbial diligencia de la Sala Especial del Supremo para ilegalizar, tendremos que se unen el hambre y las ganas de comer.

Déjense, pues, de mandangas, de subterfugios y de Estado de Derecho. Se trata de puro y duro cálculo político electoral. De pánico a perder el poder. De pánico a perder votos. De pánico a que desaparezca el muñeco de pim-pam-pum contra el que se unen tantas voluntades y tantos intereses. De pánico a perder el inestimable argumento para justificar tantos y tan impresentables quebrantamientos democráticos.