rAMÓN Jáuregui ha advertido a EA y Aralar de que, si llegan a algún acuerdo con Batasuna todavía ilegal, las listas electorales de Nafarroa Bai "estarían contaminadas". No es el único, ni mucho menos, que previene, o critica, o directamente acusa de contaminación a cualquier iniciativa promovida por cualquier formación política, en la que se sospeche la participación de la izquierda abertzale ilegalizada, ya se trate de un acuerdo de carácter político, o cultural, o deportivo, o de cualquier otra índole. La advertencia de Jáuregui llega en un momento de nervios, cuando la posibilidad de que pudiera cambiar el escenario político vasco hace que a algunos los dedos se les vuelvan huéspedes y se coloquen la venda antes que la herida. Es el viejo subterfugio, el de la contaminación, que en otros momentos sirvió para desacreditar y ahora directamente para impedir. Porque antes, mucho antes de que cayera sobre Batasuna todo el peso de la Ley de Partidos y fuera borrada de la legalidad, ya venía apelándose a la maldad intrínseca de la compañía de esa formación política.

El acuerdo de legislatura formado en 1998 entre PNV, EA y Euskal Herritarrok, en plena tregua de ETA tras el Pacto de Lizarra-Garazi, fue inmediatamente reprobado por la oposición del PSE y el PP, y desde todos los frentes políticos y mediáticos españoles, y ello a pesar de que en el apartado II de aquel Acuerdo de Bases para la Colaboración Parlamentaria se especificaba claramente la "apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto". Aquel Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe y aquel Parlamento Vasco fueron considerados ya bajo los efectos de la contaminación, y quedaba abierta la veda para el descrédito y la deslegitimación. Con ese pretexto, puesto que se trataba de un Gobierno contaminado, un parlamentario del PP pudo mandar "a tomar por el culo" al lehendakari en un pleno del año 2000 con toda impunidad. A fin de cuentas, también era un lehendakari contaminado. Difícilmente los vascos podremos olvidar aquellos años en los que cualquier iniciativa, cualquier proyecto que aprobaran el Gobierno Vasco o la mayoría de la Cámara de Gasteiz era inmediatamente menospreciado bajo la acusación de contaminación. El Proyecto de Nuevo Estatuto y la Ley de Consulta, en ambos casos avalados por la mayoría absoluta del Parlamento como establecía la ley, acabaron como acabaron no solamente por ser considerados no conformes a la Constitución, sino por haber sido aprobados gracias a los votos de aquella Batasuna todavía legal. Ello demuestra que la contaminación viene de lejos, que no es consecuencia de su ilegalización como advierte Ramón Jáuregui a Aralar y a EA, sino que es un elemento más de la política partidaria y electoralista que va mucho más allá de la lucha contra ETA.

En cualquier caso, la trayectoria de la ilegalizada Batasuna tampoco ha aportado históricamente gran cosa para evitar ese efecto contaminante que se le viene atribuyendo desde hace demasiado tiempo. Su actitud pasiva, exasperantemente subordinada ante la actividad violenta de ETA, le ha situado para sus adversarios políticos en las lindes de la complicidad. No hizo mucho para moderar la irritación de una ciudadanía tantas veces atemorizada ante las expresiones agresivas, violentas, destructivas, amenazadoras, intimidatorias, por parte de individuos integrados en el sector social que se identificaba con esa formación política. Lamentable situación que, por una parte, ha tenido como consecuencia una especie de endogamia de ese sector social y, por otra, una desafección y un distanciamiento desconfiado del resto de la sociedad. En el ámbito político, ha sido el subterfugio, el recurso partidista de PSE y PP para intentar impedir y denunciar que cualquier partido busque el apoyo electoral o parlamentario en los contaminados. Y, cuando a pesar de esa intransigencia, partidos como PNV, EA y EB han intentado incorporarles a sus acuerdos como formación legal sin tener en cuenta el terreno embarrado en el que entraban, tuvieron que tragarse el sapo de verse abandonados, desamparados, engañados incluso, ante el regocijo de socialistas y populares, que veían en aquellos desplantes la consecuencia culpable de haber aceptado la contaminación.

Todo parece indicar que son firmes los pasos que está dando la izquierda abertzale a la que acusan de contaminada para dejar de serlo, y ojalá la sociedad vasca esté dispuesta a hacer el esfuerzo para olvidar su larga lista de agravios y para que la contaminación deje de ser un pretexto partidista.