La financiación como moneda política

El reciente anuncio de un acuerdo para otorgar 4.700 millones de euros adicionales a Catalunya dentro de la financiación autonómica ilustra una vez más cómo el Estado español negocia recursos y competencias según intereses territoriales y fuerza política. Aunque la mejora financiera pueda beneficiar servicios públicos, estas decisiones reavivan debates sobre la suficiencia de los actuales modelos de financiación y ordinalidad entre territorios. 

Desde Euskadi, donde defendemos un modelo propio de autogobierno y concierto, observamos que sin una estructura estable y garantizada, cada negociación estatal acaba siendo un parche temporal sujeto a coyunturas políticas. No es solo la cifra, sino la falta de certidumbre para las comunidades que buscan estabilidad fiscal y autogestión real.