La ley del embudo

España es un estado de derecho. Por eso, después de la brillante operación de la policía para descubrir al asesino de una familia brasileña que ha huido a su país para responder de tal horror, la fiscalía española se ha apresurado a solicitar de su homóloga brasileña la extradición, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional. La fiscalía brasileña se muestra reticente y pone trabas a tal petición. Los medios españoles han puesto el grito en el cielo ante la actitud de las autoridades brasileñas, acusándolas de no respetar el derecho internacional. Un poco más al sur, en Argentina, la jueza Servini ha emitido una requisitoria contra varios exministros, altos funcionarios del Estado y policías españoles a los que acusa de delitos de lesa humanidad, al haber ocultado la ejecución, desaparición y tortura de españoles cuyos familiares y organismos defensores de los derechos humanos denunciaron, sin que la Justicia española acceda, apelando a que todos los delitos de los que se les acusa quedan sin efectos judiciales por la Ley de Amnistía de 1977. La fiscal general española, Consuelo Madrigal, rechazó la petición y dio por cerrado el contencioso, reiterando nuestro carácter de Estado de Derecho y negando legitimidad a la justicia argentina para exigir ninguna requisitoria de extradición. Doña Consuelo debe ignorar que los tratados internacionales firmados tienen rango superior a la legislación nacional y por ello, puesto que somos un Estado de Derecho, ha denegado el cumplimiento de la petición de Servini. Dado el rigor con el que se cumplen en España los principios de Justicia Universal es de suponer que revise su negativa y embarque escoltados por policías a Utrera Molina, a Martín Villa, a Billy El Niño, a Muñecas y a otros fieles servidores de la ley que cumplieron con la “obediencia debida”. Ni Argentina ni Brasil pueden darnos lecciones de derecho porque aducimos que nos asiste la Ley del Embudo que aplicamos legítimamente.