Llevamos demasiado tiempo contemplando impasibles cómo la ONU asiste a un declive de su auctoritas institucional a nivel mundial. El uso abusivo, y para muchos ilegítimo, del derecho al veto en su seno, ha dejado a esta esperanzadora institución paralizada e inútil ante la barbarie de la guerra y el uso de las operaciones militares.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está integrado por quince Estados. Cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, el Reino Unido y Francia) y diez temporalmente por dos años. En cuestiones de fondo se requiere que no haya ningún voto negativo de los cinco Estados permanentes, regla impuesta por ellos mismos en la Conferencia de San Francisco en 1945 que dio nacimiento a la organización.
La existencia de una institución como el veto y las condiciones de su aplicación suponen un obstáculo hacia la paz, pues son innumerables las ocasiones en las que el veto puede ser la diferencia entre que una intervención vea o no la luz y por tanto, que una situación de conflicto se prolongue en el tiempo, con las dramáticas consecuencias que ello supondría tanto para la humanidad como para los objetivos que persigue esta organización internacional.
En el contexto de la barbarie instalada en Gaza, el reiterado y desgraciadamente inadmitido llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, a un alto el fuego humanitario muestra la triste realidad: el bloqueo y la inoperancia del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad mundiales, por el ejercicio del derecho de veto de alguno de sus cinco miembros permanentes.
Es fundamental reclamar cambios en la gobernanza interna y en la política de la ONU para que ostente de nuevo la necesaria autoridad como árbitro internacional de cara a promover la paz mediante el diálogo
En los últimos tiempos, la utilización frecuente del veto por parte sobre todo de Rusia, pero también de China y de EEUU para impedir la actuación de la ONU ante la denuncia por parte de la comunidad internacional de las atrocidades (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, depuración étnica o genocidio) ha llevado a la indignación y frustración por la omisión de acción del Consejo de Seguridad.
Vetar acciones equilibradas y proporcionadas, oportunamente razonadas y basadas en hechos objetivos de dominio público, destinadas a evitar un mal que inflige sufrimientos indecibles perjudica la credibilidad y legitimidad del mismo y también la de las propias Naciones Unidas.
Es el momento de la ciudadanía, tenemos que elevar el listón de nuestras exigencias y reafirmar nuestra convicción en el poder y en la legitimidad de la ONU para resolver los conflictos internacionales. Para ello es fundamental y prioritario exigir cambios en la gobernanza interna y en la política de la ONU. Para que Naciones Unidas recupere su credibilidad y su capacidad de liderazgo en el ámbito mundial debe modificarse su gobernanza interna y ponerse fin al derecho del veto de los cinco Estados que lo ostentan.
El fin del veto es clave para que la ONU pueda ostentar de nuevo la necesaria autoridad como árbitro internacional consensuado por todo el planeta para promover la paz por medio del diálogo y el arreglo pacífico de los conflictos.
Es el momento de un necesario diálogo racional entre los Estados frente a una geopolítica mundial sumida en el caos y que sigue marcada por el recurso de la guerra, por el uso desmedido y brutal de la fuerza y no de la racionalidad, pero las diferentes varas de medir ante las brutales vulneraciones de derechos humanos y el incumplimiento impune de las normas internacionales así como la tendencia geopolítica global hacia el conflicto bélico conducen al pesimismo y a la debilidad y a la desconfianza en las instituciones.
Los Estados compiten entre sí al margen del pensamiento crítico, cuando el futuro común amenazado nos exige un esfuerzo de diálogo y comprensión que derive en una cooperación mundial efectiva. El mundo necesita consensuar una ética que no se pueda trampear. El fin del derecho de veto en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU abriría una oportunidad al diálogo internacional sin polarizaciones. Los intereses humanitarios globales han de prevalecer sobre los intereses egoístas irracionales de las naciones para garantizar un futuro en paz.
Vivimos momentos cruciales de la historia, tenemos la responsabilidad de lograr un Mundo de Derecho en el que la legitimidad de la ley y el respeto a la misma sea el único e indiscutible camino para promover la paz y la cooperación. No podemos permanecer impasibles como sociedad civil. Alcemos cívicamente nuestra voz, nuestra exigencia y nuestra dignidad como parte de la humanidad.
