CALMA la tropa, que no voy a llamar a una intifada por la rebaja fiscal como claman desde su minarete Díaz Ayuso y Núñez Feijóo. Esto va del llamado impuesto a la banca y las energéticas y de cómo el firme rechazo del máximo representante de los empresarios españoles, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no va en beneficio del 99,9% de ellos. Empecemos por constatar que la fórmula recaudatoria es mejorable. Ya pidió la Comisión Europea que no se dirija a la facturación sino a los beneficios extraordinarios. Se puede vender más con menos margen y no ganar nada. Pero tampoco es el caso, a la luz de los resultados anunciados por los dos sectores implicados.

El 99,9% de los empresarios del Estado no paga ese impuesto pero sí paga una parte de los beneficios de la banca, en intereses por financiar su actividad, y las energéticas, por la electricidad y el carburante. De modo que el papel redistributivo de la tasa en forma de obtención de recursos para, por ejemplo, financiar créditos públicos y subvenciones a la inversión o deducciones en Sociedades por la creación de empleo, es un modesto retorno a los empresarios del esfuerzo realizado. Otra cosa es que los proveedores de servicios financieros y energéticos acaben por repercutir a los empresarios –y los no empresarios– el coste del impuesto. Pero eso quizá debería plantearlo Garamendi a los líderes de ambos sectores, en defensa de los intereses del conjunto del tejido productivo.

La medida fiscal es mejorable pero, en tanto el rendimiento extraordinario no llega por un sobreesfuerzo inversor que cree empleo e innovación sino por el precio del petróleo que decide la OPEP o del dinero que decide el BCE, sería casi una tasa en beneficio de todos los demás empresarios. Quizá deberían pensar en ello cuando coincidan en la próxima asamblea de la CEOE o les dé la tos en un congreso de empresa familiar.