El uso de la fuerza es una función, exclusiva, de aquellos a quienes la Ley reserva su ejercicio. Son los llamados agentes de la autoridad, ejercida cuando legalmente sea necesaria, Legislativo -quien, como y cuando cabe el empleo de la fuerza-, para habilitar entre sus funcionarios a quienes en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad les corresponda su ejercicio -Ejecutivo -, y -poder Judicial-para valorar la sujeción a la ley del desempeño de la fuerza y sus consecuencias. Son los tres poderes que en un Estado democrático -el “sistema”, en términos de una trasnochada izquierda alternativa de reciente aprendizaje en sus valores-, pueden y deben regular, ejercer y valorar su uso.

Cualquier intento de justificar una distribución diferente es, simplemente, antidemocrática. Totalitaria. Nadie debería esgrimir como razón de su empleo, en el marco de un sistema democrático y fuera de su análisis judicial, que sea usada de forma justificada o proporcional. Salvo quienes se convierten en jueces de su justificación o proporción, sin serlo.

Sucede, sin embargo, que en este nuestro país se ha sembrado, puesto en práctica y extendido durante décadas, que la utilización de la violencia en cualquiera de sus formas, su justificación e incluso la promoción de su uso como forma de lucha es no solo una práctica admisible y justificada, sino un método alternativo de confrontación política, aunque se ha convertido, sobre todo, en forma de amedrentamiento de cualquiera que no comulgue con alguno de sus postulados. Y lo que es más grave aún; se ha adoctrinado a los más fáciles de manipular, la gente joven, para hacerles pensar que la rebelión, la contestación, el descontento que se asocia a la lógica disconformidad, está legitimada para ese ejercicio de la fuerza y que, por añadidura, su empleo siempre debe ser disculpado; exonerado de responsabilidad de cualquier orden, como si la impunidad fuera un derecho juvenil.

Lo más preocupante no es, solo, la inexplicable vuelta atrás de la izquierda abertzale en su adaptación al sistema del que siempre renegaron y ahora aspiran a controlar. Lo más grave, a mi entender, es la involución que supone renegar de principios y valores propios del sistema democrático liberal, como es aquel de la separación de poderes y la exclusiva del uso de la fuerza por parte de la Auctoritas; y sobre todo el intento de adoctrinamiento -adocenamiento, mejor dicho- de buena parte de gente joven en la doctrina de que todo sigue valiendo. La ética democrática, puesta del revés.

Ex diputado de EAJ-PNV