Alberto González Amador es un ciudadano particular. Aunque sea la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que su imputación es la de un ciudadano presunto defraudador que habría sido anónimo de no mediar su relación con Isabel Díaz Ayuso. Ese relato, que es el del PP, lo suscribo hasta ese punto. Cuando este señor deja de ser un ciudadano particular es cuando su pareja vincula su procesamiento a una persecución política, utiliza estructuras públicas para defenderle y desinforma desde ellas para librarle de su responsabilidad. El patio de su casa es particular. La institución, no.
