No consigo que me convenzan de que el atropello cometido contra Manu Ayerdino sea un lawfare de libro. La carrera política del consejero navarro de Geroa Bai –y, lo que es aún más grave, su aportación a la gestión del bien público–, la quemaron con una denuncia que un juez decidió instruir pero luego enterró durante más de un año sin mover un dedo. Lograda la dimisión del señalado –nunca fue acusado–, dos desestimaciones por falta de indicios en 2023 y 2024 no hicieron desistir a UPN y PP, que siguieron recurriendo y agitando el espantajo de la mentira. El Supremo ha dicho basta y los calumniadores sobran.