SON varias las cuestiones que con relación al sistema de pensiones se abordan en estas fechas. De una parte, la actualización del sistema de cotización de los autónomos, que pretende aproximar las bases de cotización de este colectivo a sus ingresos reales en aras a homologar prestaciones entre el sistema general y el de los trabajadores por cuenta propia.
También, y en cuanto a las bases de cotización, el destopaje progresivo de las bases máximas así como qué cómputo se va a hacer de la carrera de cotización para el cálculo de las pensiones futuras, como exigencia de la “troika” europea para librar los fondos destinados a la sostenibilidad financiera del Estado.
Y, en tercer lugar, pero no menos importante –yo diría que, incluso, la más trascendente desde el punto de vista del sistema de pensiones–, la inclusión en la Ley de Presupuestos de la regla a que se refiere la recomendación segunda del Pacto de Toledo, y eje vertebrador del mismo junto con la separación de fuentes, sobre la actualización de las pensiones conforme al IPC.
Llama la atención que se cuestione esta última medida, incluso por aquellos que apoyaron tal recomendación y conforme a argumentos agoreros sobre sus consecuencias. No es así. No cabe duda de que esta regla va a suponer incremento del gasto destinado al sistema de pensiones, si bien, incluso en tal caso, ninguna de las hipótesis actuariales acredita algo diferente a que dicho esfuerzo será sostenible.
Lo cierto es que del 10 % de gasto del PIB en pensiones hemos pasado a un 12 %, y cabe suponer que dicho porcentaje podrá incrementarse sin que la economía real sufra. Conviene señalar que se trata de una decisión consciente, dirigida, en primer lugar a aproximar la cobertura social y, por ello, el gasto en pensiones a las medias de países de nuestro entorno cultural y político, con quienes a todos los efectos queremos coincidir en un proyecto europeo de contenido eminentemente social y que en los países nórdicos, así como en Alemania, Holanda o Francia, se sitúa entre el 13 y el 15 % del PIB.
Se trata, asimismo, de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, teniendo en cuenta que, la referencia exclusiva al IPC no es la habitual en Europa, donde la asocian también a otros factores, como la media de los convenios colectivos, que resultan ser más beneficiosos. Además, se omite que tal incremento no es solo mayor gasto; el direccionamiento de los activos de las pensiones se dirige casi en su totalidad hacia el consumo, y eso le convierte en agente activador de la economía más real y menos especulativa.
Que durante la crisis del 2008-2012 muchas familias hayan podido vivir a costa de las pensiones de sus mayores demuestra que la inversión en dicho colectivo no solo es socialmente justa, sino que le permite actuar como el más importante agente de mantenimiento de la actividad económica ordinaria, y además con un importante papel redistributivo y de cohesión social.
Garantizar el IPC o cualquier otra regla de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es, por tanto, una decisión vertebradora del carácter social de un Estado de Derecho. Y ese el compromiso de EAJ-PNV. l
* Diputado por Gipuzkoa de EAJ-PNV
