LA lengua, además de patrimonio cultural, es un derecho ciudadano. Recibir atención pública en el idioma propio –euskera o castellano– genera la obligación de la administración de prestar cobertura a ese derecho. En consecuencia, la administración está obligada a dotarse de soluciones estructurales, entre sus funcionarios, para atenderlo. El pulso constante entre derecho al trabajo y obligación de estar formado se lleva a los juzgados en materia lingüística como no se hace con otros requisitos formativos necesarios para cualquier otra función. Siguen regando ese charco quienes flotan sobre él gestionando intereses.
