L debate parlamentario sobre la prostitución que sus señorías han comenzado en Madrid parte de una premisa clara: el rechazo a la trata de mujeres, muchas de ellas menores de edad, que vienen engañadas por mafias que llevan décadas enriqueciéndose impunemente donde haya negocio a ojos de quien quiera verlo. El tráfico de mujeres y niños con propósitos sexuales es el ejemplo perfecto de la nueva esclavitud con el agravante conocido de que el cliente es el colaborador esencial y a menudo agente directo de las humillaciones y vilezas.
Lo increíble es la cuasi impunidad, al menos aparente, de la que gozan estas organizaciones de proxenetas que engañan a las mujeres en su país de origen cuando hace mucho tiempo que tendrían que estar extirpadas de raíz al calor de las normas legales mínimas básicas sobre derechos y deberes que nos hemos dado. La oficina de la ONU contra la Droga y el Delito afirma que España ostenta el dudoso honor de ser la puerta principal para el paso y destino de las mafias que trafican con mujeres para su explotación sexual. Y sin embargo, Francia y España son los dos países europeos con más operaciones policiales contra las redes de prostitución. Creo que se debiera dar una explicación urgente a esto en el Congreso...
Unido a esto, tenemos el debate sobre la prostitución de quien la ejerce por voluntad propia, generalmente para ganarse la vida. Aquí lo que no entiendo es la defensa de esta actividad como un derecho: alquilar tu cuerpo, cosificarlo en aras al ejercicio de la libertad durante un ratito a quien te pague por ello, choca con los Principios Generales del Derecho frente a la degradación humana voluntaria. Es cierto que la necesidad nos lleva a situaciones tremendas de indignidad y no debemos hacer juicios de valor sobre personas concretas, pero legalizar esta práctica como una profesión más con soporte legal es algo denigrante en un Estado de Derecho. Yo no puedo legalmente convertirme en esclavo de un empresario. La hipocresía está servida al comprobar que prostituirse voluntariamente es una actividad dentro de un limbo alegal cuando todos sabemos que mueve tanto dinero en el mundo como el tráfico de armas y las drogas. Las industrias del sexo y la pornografía incluso han sido uno de los motores del desarrollo de influyentes tecnologías en internet. Estamos hablando de negocios con seres humanos y no de artículos manufacturados.
El Congreso de los Diputados lleva tiempo revoloteando sobre el tema y ha sido el grupo socialista el que ha dado el primer paso para perseguir la prostitución. Va a ser complicado cualquier avance serio, teniendo en cuenta que algo tan urgente como la erradicación de la explotación sexual continúa tan ricamente funcionando a costa de mujeres engañadas a ojos de quien quiera verlo, cuando el Código Penal está claramente posicionado contra los explotadores sexuales. Mientras esto siga en boga, resultará más arduo el abordaje en serio del alquiler sexual humano consentido por ambas partes como lo que es, una isla social tolerada “desde siempre”, sobre todo con las sumas multimillonarias que este oficio está moviendo y sin responsabilidad alguna para quienes solicitan estos servicios.
Es cierto que el problema se ramifica cuando incluimos la variante social en la ilegalización de la prostitución, ante la necesidad de valorar otras consideraciones colaterales por el riesgo de remendar un roto con un descosido. Quiero decir, que soy muy consciente de la posibilidad real de que una parte considerable de este colectivo quede relegado a un gheto de exclusión social. Por tanto, echo en falta, en esta iniciativa parlamentaria, un debate sereno y en profundidad sobre este problema lacerante, en el que debieran participar las organizaciones humanitarias, muchas de ellas cristianas, que trabajan con estas personas para ayudarles a alejarse de la prostitución y la marginación social mientras los legisladores deciden qué hacer desde lo laboral fuera del submundo socio-económico que les rodea.
Aprovecho para mostrar desde esta tribuna mi admiración a todas las entidades benéficas que ponen su tiempo y el trabajo callado pero imprescindible al servicio de quienes alquilan sus cuerpos porque no encuentran otro modo de vivir. En lugar de criticar y condenarles, han elegido la opción de acompañar y ayudar. Todo un ejemplo solidario que la sociedad debiera conocer mejor y ponderar su labor en lo que vale. Y escucharles a la hora de buscar una solución legal y social que engarce el problema de dignidad humana con el económico desde el encaje legal propio de un Estado de Derecho.
Pero lo primero es desterrar con urgencia y de una vez por todas a las mafias que viven de esclavizar sexualmente a personas vulnerables allí donde ven negocio; es decir, bien cerca de nuestras casas y en toda la Unión Europea. Los datos son escalofriantes.
* Analista
