ISITÉ el otro día el campo de concentración de Gurs, en el Bearn. Sus 28 hectáreas nos llevan a un viaje al sinsentido y, lo que hoy es un bosque, esconde un campo de exterminio. Pensado primero para internar a los gudaris del Ejército vasco (Camp des Basques), se fue ampliando a republicanos españoles, Brigadas Internacionales y, posteriormente, a personas judías. Lo que choca de frente con la divisa y el mito de la República francesa de la Igualdad, Libertad y Fraternidad y demuestra que las historias oficiales esconden en muchos casos episodios contra la humanidad, como éste.
Hoy solo queda el cementerio, que impide olvidar a aquellas más de 60.000 personas retenidas en condiciones infrahumanas, las muertes in situ o el asesinato masivo de judíos trasladados a Auschwitz desde este campo de Aquitania. Esta brutalidad de imposible explicación nos coloca en el dilema ético del compromiso -o no- con los derechos humanos. Al parecer no hemos aprendido nada, tampoco el Estado israelí que, ayudado ahora por el covid, anda empeñado en el genocidio palestino.
En el análisis político conviene ponerse honradamente de frente a la cuestión a dilucidar y hacerlo con perspectiva. Y la Historia nos la da, si pasamos la lupa crítica sobre lo que han escrito quienes vencieron y ponemos en valor la visión cercana y sufriente de quienes lo padecieron.
Desconozco qué dirán los libros de Historia sobre estos tiempos de pandemia pero, probablemente, ofrecerán una imagen edulcorada sobre cómo la estamos gestionando. Hoy la CAV, Nafarroa, Burgos, Santander, Extremadura, Valencia, Murcia... siguen acrecentando los números rojos. Y subiendo. Se acumulan los malos datos en el ámbito nacional, estatal e internacional, los gobiernos no parecen tener un diseño claro de qué hacer y sufrimos salidas de pata de banco como la del Tribunal Constitucional español al ir en contra de las medidas del estado de alarma en 2020. Otro viaje al despropósito.
No es la primera vez que se demuestra que la política española está judicializada. Las vascas y vascos lo sabemos bien. Ya lo vimos aquí cuando, inexplicablemente, el Tribunal Superior de Justicia tumbó las medidas del Gobierno vasco que intentaban evitar la propagación del virus y que eran iguales a otras sí permitidas en otros lugares del Estado.
Si lo ampliáramos a otros temas, estas líneas se quedarían muy cortas para recogerlos todos; véase, contra el euskera, cierre de periódicos, detenciones y encarcelamientos sin aceptar las pruebas contrarias a la tesis previa policial, actuaciones sistemáticas de la Audiencia Nacional española, desautorización y choque contra decisiones legítimas del Parlamento, etcétera. Por eso no sorprende, aunque sea inaceptable que suceda también en tiempos de pandemia global cuando nos jugamos la salud pública.
Ahora han atacado al Gobierno de Sánchez. La única diferencia es que están atizando a quienes también lo han usado como instrumento para hacer política. Un error que se paga por utilizar los tribunales con intereses espurios y por no depurar y dar alas a los elementos antidemocráticos, como si por pertenecer a la judicatura estuviera asegurada su capacidad de hacer justicia -y éticamente además-.
En un país serio los tribunales no están en la portada de los periódicos todos los días. España demuestra, una vez más, su debilidad y mala calidad democrática.
