OR si hacia falta alguna prueba más de que la autonomía vasca es un poder en precario, la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia (española) en el País Vasco ha dejado bastante claro que el autogobierno está al albur de lo que dispongan otras autoridades; es decir que, incluidas normas europeas, más que autonomía o poder de decisión propio, lo que tenemos es una heteronomía, donde son otros poderes los que deciden. Así, un tribunal español ubicado en Euskadi, símbolo de su colonización, disfruta de autoridad para enmendar la orientación sanitaria de un gobierno que representa a varios millones de ciudadanos. Aunque según se trasluce de la sentencia y de previas declaraciones mediáticas, se trata de cuestiones sobre las que los tres magistrados que la firman demuestran ser legos e insensatos.
En ese esperpento de justicia, la ignorancia se compensa con la prepotencia y poco importa que las medidas que se descalifican fueran adoptadas tras prolongadas consultas con expertos. Con esta decisión, el magistrado Garrido va completando un pedigrí judicial que certifica una carrera en la que ya había enmendado antes algunas decisiones del Gobierno vasco: en agosto, el horario de cierre de bares, y en octubre el número de personas que podían juntarse. Su activismo recuerda al de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, cuando entre 2013 y 2018 dirigió en el País Vasco la Abogacía del Estado.
La imponente denominación, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es engañosa, como lo es la de Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ambos tribunales forman parte de un único poder judicial con sede en Madrid que tiene juzgados y audiencias en el País Vasco y en Navarra. A diferencia de la autonomía judicial reconocida durante la II República española, o de la competencia foral para administrar justicia que se prolongó durante siglos, la Constitución española de 1978 no reconoció ni a Euskadi ni a Navarra un poder judicial propio, aunque la Disposición Adicional y la Derogatoria podrían permitir otra interpretación. Una autonomía que no permite hacer justicia minoriza al autogobierno, y hace posible que un agente colonial como el magistrado Garrido pueda acosarlo, bajo la apariencia de control al ejecutivo.
La distorsión del lenguaje -como en administración de Justicia- trata de obviar que el sistema constitucional español ha dado continuidad a un aparato judicial que es heredero del franquismo. Quienes durante cuarenta años aplicaron las leyes emanadas de un golpe militar y dieron apariencia de estado legal a la dictadura no solo se fueron de rositas. Además, han perpetuado, tal como demuestra el peso de sus asociaciones profesionales, un talante ideológico conservador, católico, monárquico y ultranacionalista. Unas características ideológicas incluso más radicales en la cúpula del sistema, ya que los nombramientos de centenares de jueces para ocupar el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la presidencia de los tribunales superiores de justicia en las comunidades autónomas, ha asegurado que esa orientación política sea la dominante en la judicatura española. Quienes aspiran a alcanzar algunas de esas magistraturas vitalicias saben a qué criterios atenerse para poder contar con el favor del Consejo General del Poder Judicial. No parece casualidad que sólo unas semanas antes, el TSJ en Cataluña decidiera también enmendar a la Generalitat e imponer la fecha de las elecciones catalanes, desestimando los motivos sanitarios de sus autoridades para retrasarlas, o más recientemente, que la Audiencia Provincial de Madrid absuelva como inductora a Cristina Cifuentes en el caso de la falsificación de su máster, ignorando sin pudor la locución latina cui bono para dictar sentencia.
Para el autogobierno vasco la falta de una justicia propia, que en cambio sí existe en Escocia o Quebec, es una debilidad, como también lo es la falta de memoria y reivindicación de una administración de justicia vasca. ¿O es que acaso, como pretende el supremacismo constitucional español, los vascos no podemos administrar justicia, o lo haríamos peor que la justicia española? La acomplejada respuesta "al contra fuero" que representa la decisión de Garrido ejemplariza el desnorte que se ha apoderado de "nuestras" instituciones, que parecen haber asumido su supeditación y carácter "español". La respuesta de la mayoría de la prensa o de la oposición también abunda en esa actitud de contemporización para con el nacional-constitucionalismo, como si se asumiera un trágala ideológico permanente: que el autogobierno vasco fuera una graciosa concesión constitucional.
En la magnífica película de Paolo Sorrentino La gran belleza, durante una de las fiestas que secuencian la decadencia asociada al berlusconismo, contemplando una de las biribilketas que agrupan a los asistentes que, en hilera, manos sobre hombros, se desplazan haciendo círculos por una terraza en la noche romana, Tony Servillo, que da vida al protagonista Jep Garbandella, comenta en una secuencia inolvidable: "me encantan estos trenini (trenecillos) porque no van a ninguna parte". Según parece, aquí también damos vueltas por la terraza autonómica al compás de una música de asimilación, donde el autogobierno vasco tampoco va a ningún sitio, salvo administrar bajo tutela un poder sobre el que Euskadi no cuenta ni con controles ni garantías. Porque si algo demuestra este episodio es el grado de sumisión y colonización mental en que vivimos. El magistrado que ha protagonizado la nueva humillación al autogobierno vasco sabe que cuenta con la complicidad de la judicatura española, además de, como se ha demostrado, con el apoyo inmediato del ultranacionalismo español. Tal vez esos apoyos le conduzcan, tal y como aspira, a obtener la presidencia del TSJPV o a una vocalía del CGPJ. Tiene el apoyo de un sector popular, la hostelería, referencia cultural de buena parte de la sociedad vasca. La contaminación cultural en la que estamos sumidos permite imaginar que todo se reduce a un juego de pastores y rebaño. No es sólo así, aunque también sea eso. Divide et impera.
Profesor de Derecho Constitucional y Europeo de la UPV/EHU
