TIENEN un problema Sánchez e Iglesias, con sus divergentes visiones de la acción de un gobierno de coalición. El margen de actuación de cada Ministerio parece desnortado si da lugar a un continuo de iniciativas unilaterales y llamadas al orden. Esta semana el gabinete de Sánchez ha parecido un reino de taifas. A un ministerio de la órbita de Iglesias -Trabajo- le han reconvenido por meterse donde, al parecer, no le llaman al recomendar que cierren empresas si hay casos de coronavirus. A un ministro de la confianza de Sánchez -Justicia- le ha tildado de machista el propio Iglesias por cuestionar la seguridad jurídica de la ley de delitos sexuales redactada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la sazón pareja del vicepresidente Iglesias. Cuando esto empezaba a parecer un culebrón turco, surge la posible investigación al monarca emérito, Juan Carlos de Borbón, al que dicen que le caía dinero de los más insospechados lugares por mediaciones de dudoso beneficio para terceros -la rebaja del precio cobrado por la obra del AVE saudí- pero pingües para él. En los casos anteriores, coincido en que la seguridad jurídica debería primar sobre el autobombo. Pero, en este último, no alcanzo a ver por qué, donde no se pudo poner lupa sobre el inviolable jefe del Estado, tampoco se quiere ahora sobre el ciudadano Juan Carlos, ese insospechado emprendedor que entregaba a Patrimonio Nacional las figuritas de Lladó que le regalaban pero regentaba -léase la ironía- una start up de conseguidor que habría cobrado vía testaferro. Y si tiene gracia que se pongan trabas a una comisión de investigación, no te digo ya preguntarse qué opina la Fiscalía Anticorrupción. Si se la espera.
