APENAS salidos de la resaca electoral, hay un problema que sigue ahí y va para largo, con tendencia a empeorar si no se adoptan medidas. Se trata de una situación seria, con causas estructurales, en la que quienes tienen que encargarse de aportar soluciones no están al nivel de eficiencia que se les supone. Desde hace años, la opinión pública vasca, manipulada por diversos intereses, se indigna por lo que parecería una ingente cantidad de recursos asignados por nuestras diputaciones forales a los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA). En Bizkaia, por ejemplo, la cantidad asciende a no menos de 25 o 30 millones de euros por año. Los resultados de este esfuerzo presupuestario, que recae sobre las sufridas espaldas del contribuyente, no cumplen con suficiencia los objetivos establecidos por las políticas sociales.
Haciendo algunas comparaciones con esa cifra, no tardamos en darnos cuenta de la envergadura del descalabro. Cada año el sistema educativo vasco dedica por término medio unos 8.000 euros a cada alumno de primaria y secundaria. En la integración de menores no acompañados se emplea una suma cinco o seis veces mayor, con un resultado decepcionante: percepción de un incremento de delincuencia en las calles, campamentos improvisados con tiendas de campaña y cajas de cartón bajo los puentes, molestias para el vecindario... Difícilmente hallaremos otro ejemplo mejor de derroche e ineficiencia en el uso de medios públicos.
¿Cuál es la causa de este fracaso? ¿Quiénes están llamados a rendir cuentas por tan exiguo balance en la política vasca de integración de los MENA? El primer exculpado es el ciudadano. Puso su voto y después su dinero, por vía fiscal, para hacer posible una solución solidaria. En cuanto a la dirección política, tampoco hay mucho que achacarle por mucho que algunos medios mercenarios y desinformados sostengan lo contrario. Lo que hacen Lehendakaritza y sus departamentos competentes es lo mismo que manda cualquier otra instancia europea de gobierno estatal o regional: emitir directivas que regulan flujos de personas desplazadas, como la Propuesta de Pacto Social Vasco para la Migración del Gobierno vasco. Es lo que corresponde en una época de la historia caracterizada por la reactivación de procesos migratorios a gran escala.
El problema que nos ocupa tiene en Euskadi un marcado carácter estructural. Los organismos de nuestra administración pública y algunas entidades que gestionan los servicios de acogida no hacen lo que debieran, trabajar por una implementación eficaz de políticas migratorias. A modo de ejemplo, existe un lapso de aproximadamente cuatro meses desde que un MENA cumple 18 años y la puesta en marcha de las medidas que posibilitan su inserción en programas de formación profesional y otros cauces convenientes a efectos de integración en la sociedad. Es en este vacío normativo, que nadie hace nada por eliminar (pese a que sería bien fácil, con solo adelantar medio año la fecha para el inicio de los trámites), donde muchos de estos jóvenes de origen magrebí, obligados a vivir en la calle y perdidos en un entorno cultural extraño, se desvían y convierten en delincuentes.
En la misma línea, hay otras cosas que ponen de manifiesto el nivel de inoperancia de cuadros intermedios en las instituciones y sus empresas gestoras. Por normativa, se requiere titulación específica para ejercer como trabajador social con menores y jóvenes (JENA). Esto también supone un cuello de botella. En el caso vasco, la situación exige cierta flexibilidad: sin prescindir de los diplomados locales, se tendría que dar mayor acogida a mentores magrebíes familiarizados con la lengua, cultura y psicología de los MENA.
No hace falta más para darse cuenta de que el problema no es político sino estructural. Los MENA no son el problema, sino la materia prima con la que intenta trabajar un sistema disfuncional. Y no se hace nada por arreglarlo. Lo peor es que los ajustes que permitirían corregir estas ineficiencias no precisan de ningún incremento en los recursos asignados, sino de ligeros cambios administrativos y algunas medidas para eliminar cuellos de botella. Nada que objetar a los 30 millones de euros que asigna la Diputación Foral de Bizkaia. El problema es que no mejoran las condiciones laborales del personal y los educadores; no cesan las tensiones y revueltas en los centros de acogida, como por ejemplo en Zumárraga, Karrantza y Amorebieta, o el abandono de bicicletas eléctricas en el centro de Bilbao.
La situación mejoraría sensiblemente con un análisis metódico de las causas, más realista y centrado en necesidades reales. El objetivo consiste en lograr una plena incorporación de los menores extranjeros en la sociedad de acogida. Otra lacra es la de las mafias y redes de tráfico ilegal que comercian con seres humanos. El modo más eficiente de combatirlas no es con policía, sino con administraciones públicas que funcionen bien. Por desgracia, el talento gestor vasco no es lo que era. No se trabaja por la solución eficiente de problemas. Se prefiere ignorarlos y mirar a otra parte, fingir que en Euskadi, por mal que vayan las cosas, todo sigue mejor que más allá de Pancorbo.
La forma en que ha descarrilado el debate público sobre los MENA y la integración social por culpa de la incompetencia burocrática y la demagogia de algunas plataformas extremistas, guarda un notable paralelo con el fracaso de la cuestión medioambiental a raíz de la COP25 en Madrid y el fenómeno de masas Greta Thunberg. En medio de la histeria general y el ruido mediático, ¿quién tiene aún la cabeza fría para darse cuenta de que la culpa no la tienen unos adolescentes que vinieron a la Península por mar, una desde América, los otros desde el Magreb? La realidad es tozuda. Por mucho que nos empeñemos en trazar distingos ideológicos y líneas competenciales, el mundo del siglo XXI funciona como un todo. Los problemas migratorios también tienen que ver con los medioambientales. Al final, todos estamos en el mismo barco: Greta, los MENA y nosotros.* Intérprete Jurado
