Digan la verdad

09.02.2020 | 14:29

ALFONSO Alonso exige al lehendakari Iñigo Urkullu que baje los impuestos si quiere el apoyo del Partido Popular para aprobar los presupuestos. En la misma línea, el gobierno de la derecha y extrema derecha de la Comunidad de Madrid anuncia por boca de su presidenta la prometida bajada de impuestos. Lo que parece una buena noticia para la sociedad en realidad es una falacia que esconde más de lo que promete porque del bolsillo del contribuyente salen los servicios públicos en forma de hospitales, universidades, juzgados, ayuntamientos, pensiones, educación, transportes públicos o investigación, sin olvidar las prestaciones sociales a los más necesitados.

Al menos, la medida es coherente con los fundamentos de la ideología entusiasta con la mínima intervención del Estado en la economía, poniendo el acento en que el mejor dinero del contribuyente es el que mantiene en su bolsillo. Los neocon se aferran a la llamada curva de Laffer para defender que la bajada de impuestos sube la recaudación por la mayor actividad económica. Pero no es cierto: se ha demostrado en este Estado que, tal y como ocurrió en la economía estadounidense de las últimas décadas, no se cumple el principio de que al rebajar impuestos se reciben iguales o mayores prestaciones estatales. Pero insisten en que la rebaja estimula la actividad económica y ello equivale a una mayor recaudación. La realidad es la contraria: subiendo los impuestos sube la recaudación y viceversa.

Los que tienen mayor poder económico deben pagar más impuestos como corresponde a un Estado social y democrático de Derecho. Esto es lo constitucional, señor Alonso y compañeros mártires de Madrid. Seamos serios: si se cumple la bajada de impuestos en Madrid, la previsión es que los catalanes tendrán que apoquinar en concepto de IRPF cinco puntos más que los de Madrid; y los extremeños pagarán hasta 4,5 puntos más de IRPF que los madrileños, cuya renta per cápita es 16.742 euros superior a la de aquellos.

El nuevo gobierno pretende acometer una rebaja de impuestos valorada en casi 300 millones de euros, lo que tiene repercusión en la deuda pública. En concreto, la deuda de la Comunidad de Madrid, a pesar de encontrarse por debajo de la media, se ha multiplicado por tres en los últimos diez años, superando los 33.000 millones de euros con la sombra de los recortes encima. Entonces, ¿hay o no margen para reducir tributos?

Si bajan los impuestos e ingresos, el Estado reduce los servicios públicos o los mantiene a costa de engordar la deuda pública. En definitiva, la única discusión sensata no es si subimos o bajamos los impuestos sino a quién (particulares y empresas) y qué servicios mantenemos o a cuáles aplicamos recortes. Tampoco es cuestión menor que las comunidades autónomas están obligadas a reducir gasto público en la misma medida que recorten impuestos para cumplir con la ley de estabilidad financiera (LOEPSF). Pero la gran derecha quiere apuntarse el tanto de bajar impuestos y también el de gastar más.

Para colmo, los impuestos en la Comunidad de Madrid ya están más bajos que en otras comunidades, que son las que deberían quejarse por este agravio comparativo e insolidario. Lo curioso es que Extremadura o Canarias, por ejemplo, no les critican manteniendo sus votantes entusiastas, con un PIB y un reparto de la riqueza a la cola del Estado desde hace lustros. Invito a los lectores a reflexionar sobre la diferencia radical que existe entre el cupo del Concierto y del Convenio respecto a esta injusticia fiscal a perpetrar en Madrid en el contexto de las descalificaciones mentirosas de Ciudadanos y Vox que hemos tenido que aguantar aquí. Los mismos que, de la mano del PP, van a perpetrar este golpe de mano fiscal insolidario que nos recuerda el que lanzó Esperanza Aguirre casi logrando privatizar varios hospitales públicos madrileños.

Digan la verdad: la rebaja de impuestos generalizada deja menos dinero en la hacienda de todos y más en el bolsillo de las grandes empresas y fortunas mientras concentran la carga fiscal sobre la clase media y la población más vulnerable -a través del IVA- generando mayor desigualdad y pobreza.

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