Como era previsible, en un ejército de intransigencia el tribunal Constitucional Español -interprete supremo de la Constitución-, leyendo a la carta su contenido y aplicando la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón, procesó y apercibió a la presidenta del parlamento catalán por querer preguntar en un referéndum aprobado por la mayoría de las fuerzas políticas de aquel país qué relación quieren con España. Qué clase de democracia es la impartida por unos letrados sesudos que, al dictado de los que mandan, invalidan y acallan sin ningún titubeo el deseo unánime de todo un pueblo, al judializar un problema político y perseguir el elemental ejercicio de hacer una pregunta en paz y libertad. Hace dos legislaturas a nuestro lehendakari Ibarretxe, que quiso plantear la misma pregunta pero por la vía del Parlamento español que es donde reside la soberanía popular, casi sin dejarle exponer sus planteamientos le despacharon del estrado sin opciones. Con los duros límites impuestos por la legalidad de una Constitución que no aprobamos y que unos fastuosos tribunales que son juez y parte la interpretan según el criterio del gobierno al que sirven, nos preguntamos: ¿Qué camino debemos elegir los que no nos sentimos identificados con una, grande y libre? Tanto el pueblo catalán como el vasco tenemos que aprovechar el momento de debilidad de España que, sin reconocer lo que es un problema político de unos pueblos antiguos que reclaman su identidad, trata de acallarlo con la democracia de imposición. Como dijo algún sesudo pensador, si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir, por lo que, sin amedrentarnos por las amenazas de la razón de la fuerza, debemos apoyar al pueblo catalán con firmeza. Las señas de identidad y el sentir popular de países como el catalán y el vasco no pueden ser silenciados por un gobierno descafeinado en base a decretazos, amenazas y tribunales especiales.
