Sentencia desde lo absurdo

LA sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula la convocatoria de empleo público de la 25ª promoción de la Ertzaintza por la que este viernes recogerán sus credenciales 250 nuevos agentes de la Policía vasca forma parte del permanente cuestionamiento por el Gobierno español -no solo personificado en los recursos de su delegado en la CAV- del autogobierno que emana del Estatuto de Gernika. También del continuo incumplimiento de los acuerdos establecidos entre el Gobierno vasco y el Gobierno español, en este caso el logrado hace doce años, en 2004 en la Junta de Seguridad (órgano paritario competente, según indica el art. 17.4 del Estatuto), sobre el número de integrantes de la Ertzaintza, estipulado ya entonces en 8.000 agentes a los que la Policía Vasca no llega en la actualidad, compuesta como está por 7.600 ertzainas de los que 700 deberán jubilarse para 2018. En este caso, además, con reiteración por cuanto el Gobierno Rajoy ya anunció en su día un nuevo recurso también contra la 26ª promoción, de otros 250 agentes. La sentencia supone asimismo que el TSJPV antepone decretos y normas aprobados por el Ejecutivo de Madrid, en este caso la tasa de reposición del funcionariado público que se incluye en la ley de presupuestos generales del Estado para 2016, frente a la legalidad emanada de la parte del bloque constitucional que corresponde al Estatuto y al refrendo del mismo por la sociedad vasca. Pero quizá incluso más grave que todo ello es que tanto quien presenta el recurso, el Gobierno español, como quien lo juzga, el TSJPV, abocan a Euskadi a aplicar soluciones a necesidades ajenas ignorando las propias -incluso en un ámbito tan delicado hoy como el de la seguridad pública- y a cumplir condiciones que el propio Estado incumple. No en vano, la tasa de reposición se aprobó como parte de las políticas de contención del gasto y para la consecución de unos objetivos de déficit que Euskadi cumple sobradamente, no así el propio Estado. Y no en vano, mientras la Ertzain-tza no alcanza la cifra de funcionarios que precisa para su labor, el número de asalariados del sector público estatal recogidos en la misma ley de presupuestos para 2016 (2.956.300) es curiosamente de 35.660 más que cuando se inició la crisis económica.