EN las últimas semanas, la asociación Ausbank y el autoproclamado sindicato de funcionarios Manos Limpias ocupan lugares de honor en la agenda pública. Hoy sabemos que sus desinteresadas actividades como defensores de los clientes de entidades bancarias, luchadores contra la corrupción o paladines del estado de derecho se han construido sobre la estafa, las amenazas o la extorsión. Sus cabecillas están en prisión porque su ideario, como su contabilidad, tenía caja B.
La gravedad de tales conductas y el modus operandi con que se perpetraban, pedir dinero a cambio de retirar denuncias y actuaciones ante los tribunales, contrastan con la imagen altruista que pretendieron y consiguieron colocar entre la pléyade de opinadores, telepredicadores, columnistas e intelectuales que durante años les han reído las gracias. Otra muestra más del escasísimo rigor que ha marcado en España el proceso de construcción de lo que llamamos “opinión pública” precisa y amenamente descrito en el muy recomendable ensayo La desfachatez intelectual que firma Ignacio Sánchez Cuenca.
Este ejemplo de emprendimiento y clarividente modelo de negocio era un secreto a voces. No es por ello descabellado suponer que el “basta ya” que ha frenado en seco estas actividades tenga más que ver con el poder y la posición de las personas últimamente perturbadas que con un sano funcionamiento de los sistemas de control que deben equilibrar una democracia consolidada. Hoy se sabe que en la lista de los extorsionados había hasta infantas de la Casa Real Española, indicio de que el recio patriotismo rojigualdo de Pineda y Bernard pudiera cargar con una mácula morada: la de los billetes de 500 euros.
Aireado el funcionamiento de la trama han aparecido en muchos lugares los nombres de los extorsionados. Sin embargo, no los de las víctimas de las trapacerías de estas organizaciones, aquellos que no recibieron la amable oferta de engrasar con dinero un arreglillo que acabara con el calvario en los juzgados. El detalle tiene su interés puesto que estamos más ante máquinas de recaudación que ante operadores jurídicos. Por ello, es más interesante el análisis de sus actividades como emprendedores incapaces de patrocinar actividad alguna sin la cabal garantía de un ingreso que como hombres de leyes. Como su negocio limitaba con el siempre delicado ámbito de los derechos fundamentales, esclarecer la financiación de aquellas francachelas en las que la víctima, perdón, el cliente, no pagaba las facturas puede ser interesante. No sea que en el loable intento de generar actividad económica y empleo hayan podido cometer algún error no mercantil.
Agente activo Manos limpias, en adelante “presunta organización criminal”, fue agente activo en el llamado caso Atutxa. Adquirió protagonismo en la causa porque la acusación pública se retiró del proceso para salvar el descrédito. La actividad de la fiscalía en este tema pasó de compartir rotundamente la posición del Parlamento Vasco a firmar una denuncia basada en los argumentos políticos, que no jurídicos, que los ministros del Interior y Justicia, los inolvidables Ángel Acebes y José María Michavilla, vomitaban en aquellos tiempos sobre este asunto en cada telediario.
La raspada mayoría de jueces que condenó a Atutxa tuvo que innovar para hacerlo. Su aportación al derecho consistió en cambiar la llamada doctrina Botín que impedía abrir juicio oral con el simple sustento de una acusación particular si la pública y los perjudicados pedían el sobreseimiento de la causa. La sesuda reflexión que libró del banquillo a un poderoso banquero fue convenientemente orillada para condenar a un díscolo aldeano de Arratia, además nacionalista del PNV, al que únicamente acusaba lo que hoy es una “presunta organización criminal”. Su grave delito, recordar que la jurisprudencia del Constitucional, jamás refutada, la propia Ley de Partidos y el Reglamento del Parlamento Vasco, hasta entonces aspectos relevantes del Estado de Derecho, hacían imposible la disolución a sentenciazos de un grupo parlamentario.
Todo tiene su explicación. Los creativos escorzos entre semejantes obstáculos legales que condujeron a la condena para empezar reconocían el esfuerzo de unos sufridos emprendedores y a la par cuadraban con las predicciones y opiniones de un gobierno que desde el principio demostró una enorme perspicacia para adivinar lo que iba a ocurrir en los tribunales. El hecho sería insólito si no fuese porque en aquellos memorables años tal institución contaba con un clarividente liderazgo. Estaba a los mandos el faro espiritual de Occidente, titán de la democracia, paladín del empleo y la recuperación, príncipe en el concierto de las naciones y en consecuencia nunca suficientemente ponderado José María Aznar López.
Los ‘coscorrones’ de Estrasburgo El sainete continuó en el Constitucional instancia a la que recurrieron los condenados. Un cambio de mayoría permitió eliminar el primer borrador de sentencia, que daba la razón a los condenados y escribir y aprobar una nueva. Quiso la casualidad que fuese su redactor otro profundo conocedor de la causa pues alguna intervención tuvo en ella: el creativo jurista, temerario motorista y celebre a tal extremo que cualquiera calificaría de popular, Enrique López López. El caso ha llegado ya al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo en donde algunas de las más llamativas innovaciones jurídicas, impecablemente predichas también por don José María antes de pasar de las musas ejecutivas al teatro judicial, han cosechado ya sonoros coscorrones. Tal es el caso por ejemplo de la llamada doctrina Parot. Entonces, las más altas instancias judiciales españolas fueron reprendidas por no aplicar correctamente dos principios del derecho al parecer solo al alcance de grandes especialistas, el de la no retroactividad y otro aún más ignoto: “No hay pena sin ley”.
Con semejantes, públicos y conocidos indicios, no hace falta recurrir a Sherlock Holmes, ni a las sofisticadas tecnologías de CSI para plantear hipótesis y empezar a averiguar quién pudo, seguramente con el ánimo de evitar un gravísimo delito de extorsión, pagar las actividades de Manos Limpias en el caso comentado. Lamentablemente, entre las víctimas colaterales de tan loable pedagogía figura uno de mis mejores amigos, un aldeano de Arratia hecho a sí mismo que pagó su desobediencia al totalitarismo de ETA con varias condenas a muerte esquivadas por la pericia de la Ertzaintza. Un hombre de una pieza que cobró su respeto a la ley y el estado de derecho con una condena en cuya génesis fue condición necesaria la siempre desinteresada y entonces aplaudida actividad de unas manos nunca limpias pero siempre llenas.
