Reformas y ocurrencias
EN este país hemos visto de casi todo en el ámbito judicial y, por desgracia, poco bueno: tomar como ordinario un tribunal excepcional, macrojuicios con indefensión manifiesta, cierres cautelares de medios de comunicación que se convierten en definitivos sin sentencia que lo ratifique, medidas preventivas abusivas, sentencias que crujen en instancias europeas, alargamientos injustificados de penas y una legislación “a medida” poco garantista que ha originado verdaderos disparates. Y así seguimos, aunque algo parece que empieza a moverse en la buena dirección.
La Comisión de Justicia ha admitido en el Congreso de los Diputados una propuesta para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone coto a una práctica que suponía una violación de todas las recomendaciones internacionales en materia de derecho. La defendió el diputado del PNV Emilio Olabarria y ataca al origen de las denuncias de torturas. Afecta a la incomunicación de los detenidos que en adelante, y si la reforma sigue como queda redactada, no podrá ser una decisión policial sino judicial. Y será el juez el que vele por las condiciones del detenido y por su efectiva asistencia médica.
Son esos espacios de incomunicación donde reina la opacidad en los que se registran las presuntas torturas que denuncian los detenidos y que, por desgracia, España no ha investigado. Siete veces le ha condenado ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por esta razón, la de no investigar. Pero la reforma va más allá, porque se trata de evitar la tortura; y sin ella, no hay denuncia y, por lo tanto, no existe dejación a la hora de investigarla: muerto el perro, se acabó la rabia. “Un primer paso para desmontar una legislación especial”, decía Olabarria en Onda Vasca. Tienen que venir más.
Esta misma semana, llegaba otra decisión, esta del Tribunal Supremo que conecta con la línea anterior. Las declaraciones efectuadas por un detenido en dependencias policiales -combínenlo con la incomunicación- no constituyen prueba en un juicio, salvo que existan otras “objetivas”. Es decir, en la línea en la que ya se pronunció el Constitucional, el Tribunal Supremo corrige lo que ha sido base para decenas de sentencias. Otro paso.
Pero junto a estas reformas, el Gobierno español insiste en algunas ocurrencias propias de otros tiempos. La última, esa propuesta de CiU transaccionada en la misma Comisión del Congreso para evitar lo que se ha venido a llamar la pena de Telediario. La exposición de detenidos a los medios de comunicación en los que el protagonista figura a todos los efectos como un delincuente. Se ha puesto un caso concreto: el de la detención de Rodrigo Rato con el policía agachándole la cabeza para que se introduzca en el coche.
La idea es loable, pero el mecanismo es un disparate. Apunta ese cambio del artículo 520 a proteger “el honor, la intimidad y la imagen” del que ahora se llama “investigado” y antes “imputado”. Apunta al mensajero y no al origen. El problema no es que un fotógrafo capte ese instante, sino que ese instante se produzca porque el propio Gobierno manda a la policía a montar un espectáculo en vez de citar al investigado. Hemos dicho Rato, pero podríamos haber añadido la detención de los abogados vascos, con cámaras de por medio avisadas por Interior previamente.
Ya desbarró el ministro Catalá al sugerir que habría que prohibir la publicación de sumarios que están bajo secreto, porque volvía a apuntar en la dirección equivocada. El problema no está en los medios de comunicación, sino en los juzgados que filtran los sumarios que es, precisamente, responsabilidad de su ministerio.
Ya en Francia cayeron en un ridículo parecido a propósito de la detención de Strauss Kahn, precisamente colega de Rato, cuando prohibieron que se vieran las esposas en sus muñecas. La policía le puso una chaqueta encima de las manos, la prensa lo fotografió, y todos los lectores sabían lo que la prenda escondía. Si a Rato le ponen una capucha para que no se le vea ¿no es acaso más ofensivo para su imagen? Hay que pensar las cosas antes de lanzar la ocurrencia.