EL Tribunal Constitucional, como es conocido, declaró ilegal la ley de consultas aprobada por el Parlament de Catalunya y lo hizo con rara unanimidad y todavía más desacostumbrada brevedad en la redacción de la sentencia, que liquidó en una hora. Más aún, declaró contrarios a la Constitución no el artículo al que se oponía el abogado del Estado, sino dos. Y en la misma operación anuló el decreto del president de la Generalitat de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre del año pasado, el inicial.

El dictamen establece una equiparación total entre consultas no vinculantes y referéndums y así elimina toda posibilidad de que se pronuncie el conjunto de la ciudadanía catalana, sea sobre lo que sea. Sólo se pueden convocar, según la doctrina establecida, consultas sectoriales, entendidas como aquellas dirigidas solo a un grupo de la sociedad y no al conjunto.

Parecería que lo que desea el instrumento del Estado, que es el árbitro de la interpretación de la carta magna de 1978, es borrar el hito histórico que supuso, sin oficialidad alguna y contra todas las limitaciones y trabas, la respuesta de más de dos millones de personas a la cita para expresarse libremente sobre el futuro que desean para su nación.

Y, visto que es imposible borrar una fecha en el calendario, aunque sea pasada, les queda la pataleta de la querella múltiple contra el president, la videpresidenta y la consejera de Educación, a la que ha añadido la fiscalía nuevos cargos por las actuaciones anteriores a la realización misma de la jornada participativa.

Se diría que van por ellos con todas las armas judiciales a su alcance, pese a la oposición del fiscal general que ellos mismos nombraron para la comunidad y que, naturalmente, ya sustituyeron por otra persona más dócil.

referéndums de Olesa y Moià Entre tanto, el pueblo de Olesa de Montserrat celebró su referéndum (vinculante) general, aunque tuvo que esperar a que lo aprobase el consejo de ministros de Rajoy. Puede parecer ridículo que para decidir entre los vecinos si se cambia el destino urbanístico del campo de fútbol y los huertos del entorno -que por cierto, el resultado fue conservacionista- tenga que autorizarlo en conjunto el gobierno de un Estado, como si no tuviera otros asuntos de mayor calado por resolver.

El conflicto parece que volverá a plantearse, y pronto, en otro ámbito local: el Ayuntamiento de Moià ha anunciado que pondrá urnas el 22 de marzo para recoger las opiniones de los habitantes de la zona sobre la creación o no de una comarca propia -el Moianès- dentro del mapa territorial interno que, hasta ahora también estrellándose contra la barrera española, se pretende redibujar para volver a los entes históricos tradicionales, que fueron las comarcas, hasta que el centralismo de Isabel II creó artificalmente las provincias y sus diputaciones.

El alcalde, Dinonís Guiteras, elegido por la candidatura de independientes Ara Moià, ya ha dicho, como hiciera Artur Mas en su día, que pese a quien pese pondrá las urnas. A través de la televisión pública autonómica -que también el PP quisiera eliminar o minimizar- se podrá comprobar que son las mismas, o iguales, a las de aquel 9-N imborrable.

Veremos qué dice la comunidad internacional de esta mordaza a los ciudadanos de una de las naciones sin Estado de la Península Ibérica. Cinco relatores de las Naciones Unidas, que examinan sectorialmente el respeto a los derechos humanos, ya han dicho que estos son vulnerados tanto por la Ley Mordaza como por los cambios del Código Penal que equiparan a terrorismo la “subversión anticonstitucional”, es decir, todo lo que ellos decidan que vulnera su interpetación restructiva de su constitución.

Los militares y el artista Hace meses, si la memoria no es infiel el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García Margallo, aseguraba que el ejército -las fuerzas armadas- no están para eso (reprimir una supuesta declaración catalana de la independencia), como algunos militares retirados -o no- han pedido ya, hasta con carácter preventivo.

El señor ministro parece no haber leído el texto que tanto dice defender o, al menos, el primer párrafo del artículo octavo, que deja a los ejércitos la “misión de garantizar la soberania e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Un hecho, insólito en democracia, acaecido con un ciudadano egipcio residente legal en Andorra, ha dejado evidente hasta qué punto los militares no solo pueden actuar, sino que ya lo hacen. El artista plástico Ahmed Keshta estaba en El Retiro tomando fotos y medidas en la antigua Casa de las Fieras cuando, a instancias de un denunciante espontáneo, se le echaron encima unos militares, sospechando que se trataba de un yihadista que preparaba un atentado.

Después, solo después, guardias civiles y policías nacionales, a dúo, se hicieron cargo del caso y el pobre Ahmed tuvo que demostrar, a lo largo de dos horas de retención, cuál era el objeto de su actividad. Y aún tuvo suerte de que no empleasen con él las formas democráticas que se han conocido de la CIA.

Finalmente, Ahmed inaugura dos exposiciones en Madrid. El jueves pasado, una en la Casa Árabe. La otra, la anunciada en la antigua Casa de las Fieras. !Vaya con los nombrecitos!