MIRANDO a los tiempos que han precedido a la actual coyuntura únicamente con la finalidad de que nos ayuden a entender los factores que la condicionan, aparece ante nuestros ojos este territorio que España nos impone como toda y la única Navarra, para el Estado español solamente una provincia mediana que se permite denominar como Comunidad Foral de Navarra (CFN). Un sector de su ciudadanía no se siente sorprendida de las implicaciones negativas del proyecto colectivo que han pretendido imponer los dirigentes político-sociales que procedían del reciclaje de los grupos oligárquicos triunfadores en el conflicto de 1936. Durante la fase franquista del actual régimen no encontraron contestación tras el escarmiento proporcionado a los disidentes con ocasión de la guerra. Pudieron así reservarse los beneficios de los recursos comunitarios, en principio escasos, y garantizar el sometimiento de la colectividad.
Por su parte, el sector de la sociedad que se ha mantenido fiel a la oligarquía asiste atónito y compungido en cierto modo a lo que se manifiesta como el derrumbe de un estatus de esta entidad administrativa, percibido con anterioridad como de privilegio por los partidarios del mismo. La confianza en formar parte de una comunidad impulsada por una actividad económica dinámica, servicios ciudadanos de primera y calidad de vida inusual, hacía aparecer a los navarros como privilegiados. Claro que "Navarra contaba con los Fueros" y basaba su entidad "en una historia excepcional". Al igual que en un psiquiátrico se puede tolerar a un interno vestido con las galas de Napoleón y anular su carácter conflictivo, España ha entendido la utilidad que le reporta una condescendencia similar, permitiendo al pseudo-navarrismo proclamar la "preconstitucionalidad del Fuero", un principio basado en la excelsitud de la originaria esencialidad navarra, ella misma basamento irrenunciable de España.
¿Cuál será la percepción de quienes se califican como navarristas a la vista del colapso de un desarrollo basado en la especulación inmobiliaria, el cierre de empresas que se han revelado inadecuadas y no competitivas, las dificultades de una agricultura que presumía de calidad de sus productos y bien hacer de los agricultores, pero que se ha dejado arrebatar por tantas razones sus producciones de mayor rentabilidad...? Al desastre de la crisis deben añadirse las dificultades de una Hacienda Pública que presumía de fuerte y saneada hasta llegar a la casi ruina cuando no ha pasado ni media legislatura desde que se consignaban partidas multimillonarias para autovías, canales y trenes de alta velocidad. Como colofón, el juego de manos de los responsables de la administración que han hecho desaparecer la entidad financiera, en principio más considerada como propia, la Caja de Ahorros de Navarra.
Es el final de trayecto del autodenominado navarrismo, proyecto definido por su negatividad: Navarra diferente, por no ser vasca. Algunos han creído en esta propuesta por un prurito de autenticidad, hijo del recelo pueblerino frente a instancias de nuestra sociedad -la del conjunto de los territorios navarros- que parecían ignorar las peculiaridades mutuas. Cito como caso extremo el de la costa cantábrica con relación a la Ribera; el pirenaico con respecto al de la Depresión del Ebro... Otros han adoptado la postura del navarrismo oportunista, quizás sin proclamar recelos, pero percibiendo que era caballo ganador o dejándose llevar por la inercia. A decir verdad, no parecían haberse equivocado ante el éxito del sistema por comparación con otros territorios del Estado español. Tampoco era novedad, porque continuaba la tradición de una administración directa, que contaba con recursos notables, para atender las necesidades colectivas de sanidad, educación, red de comunicaciones y otras. Las deficiencias aparecían especialmente en los ramos competencia del Estado.
Las perspectivas soñadas por los jefes políticos de la administración nunca abandonaron la euforia y las críticas de los disidentes -no la de la leal oposición navarrista- eran tildadas de frustración personal. Se cuestionaba la negativa, no ya a la inserción, sino a la simple colaboración con la otra circunscripción administrativa de la Navarra originaria -la CAV- a pesar de la similitud de régimen administrativo, conexiones humanas y culturales en general e iguales o mayores éxitos en el terreno de los logros socio-económicos. Al planificar se rechazaba con altivez la ineludible coordinación en la mayoría de las materias, adoptando medidas absurdas. Ha sido el mal del sistema vigente en la CFN, que en su proyección formalmente más legal ha impulsado proyectos de grandes inversiones que parecían inadecuadamente evaluadas, a pesar de ser aceptada socialmente la necesidad de las mismas en determinados casos; otras que podían ser perjudiciales desde el punto de vista colectivo, tenían sus partidarios, a veces interesados en ellas de manera muy personal.
Es lógico que apareciesen fraudes; en ocasiones clamorosos como el de FASA que salpicó a Del Burgo, o la actuación de Urralburu, mientras en la calle se daban por buenos los rumores y más de los manejos de la administración como realidad generalizada. La obstinación en sacar adelante determinados proyectos -Itoiz, TAV y otros- fue contestada sin que los responsables llegaran a inmutarse. Mostraron disponer de una fuerza insuperable frente a los críticos. Todo sucedía sin que interviniera el poder judicial, como una muestra más de la corrupción generaliza del orden jurídico español vigente. Finalmente, y más a consecuencia de la crisis que por razones de otra índole, la bolsa de la corrupción ha estallado y manchado al conjunto del sistema. La guinda, la liquidación de la CAN, paradigma del mangoneo para cualquier administración, desmontada por unos gestores que se atribuyeron su control, despreciando los derechos de los impositores... La punta del iceberg.
A decir verdad, el comportamiento del sistema propugnado por los partidarios de esta CFN se afirmó gracias a un estatus jurídico propio y diferenciado, pero que no deja de reclamar su sujeción a España. Este planteamiento era exigido por la casta caciquil que dominaba el territorio gracias al triunfo de las fuerzas que apoyaron a los militares españoles del 18 de julio del 36. Las transformaciones en los terrenos social y económico, producidas durante el largo franquismo, evidenciaban profundas modificaciones en las escalas de valores y pautas de actuación colectivos. Cuando el viejo dictador desapareció, se presumían horizontes políticos muy diferentes a los que habían actuado en épocas pasadas. Parecía haberse recuperado la sensibilidad proclive a los valores autóctonos, manifestados en expresiones culturales y folclóricas, de forma paralela a la reivindicación de la libertad nacional como patrimonio histórico. Los condicionamientos que actuaron sobre el proceso de cambio del modelo dictatorial a la forma de monarquía parlamentaria, impidieron la ruptura democrática y las fuerzas que habían constituido parte de la dictadura promovieron una reforma a la que atrajeron a diversos grupos y elementos, considerados anteriormente antidictatoriales.
Es la conocida Transición, planteada como alternativa a la ruptura democrática y que en la CFN dio paso al denominado "amejoramiento", pretendida reforma del Fuero histórico que en realidad encaja perfectamente en el marco de los estatutos autonómicos. Con él, los partidarios de España han mantenido marginados de los resortes administrativos de la CFN al conjunto de los soberanistas. Este estatus ha encontrado el apoyo de los grupos que buscan no ser identificados con los diversos partidos españoles gestores de la transición.
En la CFN se encuentran representados por los elementos de IU, siempre vacilantes en su trasvase hacia el PSN y, en parte, por los elementos residuales del izquierdismo radical, hoy totalmente amortizado (Batzarre). Este último grupo reclama planteamientos de izquierda consecuentes. En esta línea propone la unidad de las fuerzas de la izquierda. En todo caso, el grupo no deja de representar una opción nacionalista española, cuando afirma la necesidad de concretar una estrategia común para el izquierdismo de la CFN. La estrategia que proponen debería recoger exclusivamente reivindicaciones que ellos califican de comunes, en las que converge la generalidad de los sectores sociales que propugnan el progreso. Exigen, en consecuencia, el soslayo de toda reivindicación nacional de las propuestas por el soberanismo, por estimarlas particulares y considerarlas ellos mismos distorsionadoras en la consecución de los objetivos comunes. De estos grupos es obligado señalar su aceptación del actual marco jurídico y el reconocimiento de la legitimidad de los navarristas, al haber conseguido el control de los resortes institucionales mediante los mecanismos electorales vigentes.
Este es el panorama que presenta la CFN y que en la actualidad se enfrenta a una urgente toma de decisiones, como resultado de las afecciones de la crisis sistémica. Aunque los soberanistas eran conscientes del oropel con el que pretendían rodear los sedicentes navarristas -y los vergonzantes también- una realidad magnífica, que llegaba a permitir a la población de esta comunidad conseguir el más alto nivel en las encuestas de satisfacción colectiva; no extraña la perplejidad que se ha apoderado de los sectores sociales que han creído en el proyecto navarrista cuando la realidad ha puesto las cosas en su sitio.
Y el sitio de Navarra en las presentes circunstancias no es otro que la sujeción a España, una nación exangüe que se articula en torno a Madrid y cuenta para tal articulación con la adhesión de aquellas regiones que pueden ver ventajas en ese proyecto nacional. En esta casilla puede localizarse Aragón, por su situación favorable en el terreno de las comunicaciones y con planes de expansión agrícola, gracias a la detracción en su beneficio de la proporción más alta de los recursos hidráulicos pirenaicos. A mencionar igualmente la Comunidad de Valencia; tan favorecida gracias a su notable agricultura, buena situación en el Mediterráneo y demás. Regiones que representan para el proyecto nacional madrileño dos ejes que puedan suplir los polos centrífugos de Navarra y Cataluña.
Por lo que al resto del territorio se refiere, ni las dos Castillas ni Extremadura tienen capacidad de constituir nada dinámico; cuentan con el apoyo, que les vendrá vía la administración del Estado, procedente de esquilmar a quienes perciben como regiones privilegiadas: Navarra y Cataluña. Andalucía, por su parte, presenta ventajas indiscutibles en muchas áreas, aunque el origen de sus males reside en el orden social establecido desde hace siglos por los conquistadores castellanos. La emigración y las ayudas directas han resuelto hasta el momento este problema. En todo caso, será conveniente recordar que constituyó durante la romanización e islamización el área más desarrollada de la península en lo económico y en lo político. ¡Quizás los españoles precisen cierta asesoría!
Tratar el actual momento de la CFN no deja de suscitar preocupación. España la contempla como una fuente de recursos, como lo evidencian las actuaciones en Itoitz y Esa; inversiones dirigidas al equipamiento territorial español. Siempre habrá dinero para esos embalses, reservorios de agua para los arcillosos y estériles desiertos aragoneses y exigencias de suministro diverso para las regiones levantinas. ¿Qué decir del tren? Despilfarro en la ejecución de líneas del AVE, en todas las direcciones del territorio estatal que no llegan a sitio ninguno, cuando a la CFN la castigan a la vieja vía única y sin conexión con Europa.
Urge una reflexión del conjunto de ciudadanos de la CFN, cuando menos de quienes sigan estimando la vinculación con nuestro colectivo social, con la esperanza de que sean conscientes de la gravedad de la situación que nos afecta. Y urge desde la convicción de que nos encontramos en un momento muy interesante y ocasión que nos puede permitir enderezar el camino que nos ha traído hasta aquí, obligados a comprender que la recuperación de la independencia de nuestro país y su soberanía es la única circunstancia que nos pondrá en situación de ejercer el derecho a decidir en el pleno sentido de la expresión.
