El despropósito del CSN

LA decisión del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), favorable a que el Ministerio de Industria y Energía español modifique la orden ministerial (29 de junio de 2012) con la que revocó parcialmente la que (3 de julio de 2009) decidía el cierre definitivo de la Central Nuclear de Garoña el 6 de julio de 2013, va en la práctica más allá del año de prórroga "en parada segura" que se explicita en el informe remitido al ministerio. Lo que ha hecho el consejo es abrir la puerta a la prolongación del funcionamiento de la central durante años si durante esa prórroga y en virtud de los previstos cambios de normativa Nuclenor evalúa rentable la continuidad de la planta. Y lo ha hecho en forma de despropósito -con una decisión dividida y condicionantes ideológicos (tres votos de PP y CiU contra dos del PSOE)- contraproducente incluso para los propios defensores de la energía nuclear, ya que sitúa enormes interrogantes no solo sobre la decisión sino sobre la misma independencia de un órgano, el CSN, que únicamente debería remitirse a criterios técnicos en sus evaluaciones. Mucho más respecto a una central que ya ha cumplido sobradamente su vida útil -se puso en funcionamiento en otoño de 1970 y en 2009 se le concedió una prórroga de cuatro años- y cumplirá en octubre 43 años, por encima de los 40 para los que fueron diseñados sus principales componentes y estructuras, tal y como contempla la documentación que Nuclenor presentó al solicitar y obtener la autorización para su construcción. Sin olvidar los precedentes en centrales similares con reactores y diseño idénticos -el más conocido el de Fukushima, pero también otros como el hallazgo de fallas en la vasija de la belga de Döel 3- así como los incidentes o deterioros detectados en la propia Garoña. Las denuncias de la exministra socialista y miembro del pleno del CSN, Cristina Narbona, respecto a las presiones del Gobierno al consejo y el modo y la premura en que este ha debido pronunciarse avalan además todas esas dudas y desacreditan ante la sociedad, también ante los reguladores internacionales, al propio órgano estatal encargado de velar por la seguridad nuclear, quien lejos de basarse en criterios de garantía ha decidido en virtud de otros intereses que ni tan siquiera son acordes con la incidencia de Garoña (poco más del 1%) en la producción energética.