Confrontar proyectos

LA campaña para las elecciones municipales y forales en la CAV y de las autonómicas en el caso de Nafarroa ha quedado condicionada, desde mucho antes de su arranque oficial de anoche y con independencia del fallo del Tribunal Constitucional que permite las listas de Bildu, por el proceso de ilegalización de candidaturas relacionadas con la sensibilidad ideológica propia de la izquierda abertzale radical que, bien bajo la presión del PP o por coincidencia con este pero en ambos casos con notorio interés político, ha impulsado el Gobierno socialista. Desde antes de que el 6 de marzo -un mes y dos días después de la presentación pública de Sortu- la Fiscalía del Estado, dependiente del Ejecutivo español, presentase ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de la formación que pretendía recoger la tradición política de la izquierda abertzale y encauzarla por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, incluyendo el rechazo a la violencia de ETA, han pasado más de dos meses en los que el debate se ha restringido a la presencia o ausencia de la izquierda abertzale y ha obviado proyectos económicos, necesidades sociales, programas políticos y gestiones más o menos afortunadas en las instituciones cuya administración se decidirá el día 22. La ilegalización de Sortu por el TS (23 de marzo), la presentación de Bildu (3 de abril), los recursos de impugnación de todas sus listas por la Abogacía y la Fiscalía (27 y 28 de abril), la ilegalización de las 254 candidaturas de Bildu por el Supremo (1 de mayo), el correspondiente recurso (5 de mayo) ante el Tribunal Constitucional conforman, pese al fallo del TC habilitando las listas de Bildu, una sucesión de hechos que ha mediatizado y aún mediatiza la política en dos ámbitos: uno más general por el que se oculta a los ciudadanos o se palía ante ellos la magnitud de problemas como la crisis y el desempleo y se encubre la incapacidad socialista para afrontarlos y la falta de alternativa del PP; y otro, más concreto y concerniente a Euskadi, por el que se da notoriedad a un sector del electorado y se altera el mapa electoral vasco mediante la agitación interesada dentro del espectro nacionalista con el único fin de extender a otras instituciones la estrategia -y el pacto- para el desalojo del nacionalismo vasco que se empezó a poner en práctica hace dos años. Ante todo ello solo cabe, manteniendo la rotunda y clara defensa de los derechos básicos de participación y representación política, una respuesta que evite situaciones excepcionales como en Lizartza u Ondarroa y utilice la sensatez y el sentido común con que la sociedad vasca ha encarado históricamente circunstancias adversas, una respuesta fruto de la comparación entre dos proyectos: la demostrada pericia en la construcción y desarrollo de la sociedad desde una visión propia de nuestras potencialidades como país o los incumplimientos y la dilución del mismo en las comprobadas carencias del Estado.