Normalización y participación políticas

LA ilegalización de Sortu primero y la impugnación después de las listas de la coalición Bildu por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, dependientes ambas del Gobierno español pero dependiente a su vez este de una entente monotemática y unidireccional en lo referente a la política vasca con el en todo lo demás implacable opositor PP, provoca tres alteraciones en los más elementales fundamentos de la democracia y, por tanto, de la convivencia. En primer lugar, cambia y condiciona con la utilización del poder político y judicial -habría que añadir el mediático- la campaña electoral doblemente: inicialmente moviliza a un sector de votantes en respuesta a lo que amplias capas de la sociedad considera una injusticia y lo hace intencionadamente pero con un objetivo distinto e indirecto, el de perjudicar a un tercero, el PNV, que evidentemente no recoge apoyos en el mismo caladero del PP-PSE ya que hace años que el corpus electoral vasco se divide en dos compartimentos estancos entre los que apenas se da trasvase, el nacionalismo vasco y el constitucionalismo español. Después y en caso de una ilegalización definitiva, estudiada y parcial o simple y global, desmovilizaría a esa misma parte del electorado a la que, más grave si cabe, excluye del derecho de participación y representación política, y enconaría su postura frente a la posterior labor institucional, entorpeciendo por tanto el servicio a la ciudadanía. En segundo lugar pero no menos importante, esa en cualquier caso alteración de la participación electoral dificulta el cada vez más avanzado proceso de normalización -y el anuncio de ETA de la cancelación del llamado impuesto revolucionario es un paso más, aunque insuficiente aún- que una esperanzada sociedad vasca anhela y cuya culminación se antoja imposible sin la participación del sector político y social que, tras mantener durante décadas una actitud condescendiente o incluso colaboradora con los métodos violentos, en estos momentos aboga y trabaja por las vías exclusivamente pacíficas y democráticas y el fin definitivo de la violencia. Exigir la desaparición de ETA sin dar ningún cauce pacífico a la expresión política sobre la que ésta se ha venido sustentando -hasta el punto de impedir para lograrlo otras absolutamente legales- es engañar a esa sociedad que anhela la paz al incitar exactamente a lo contrario de lo que se dice defender. Y en tercer aunque no último lugar, todo ello se realiza sin principio moral, base jurídica ni sustento social por cuanto la absoluta mayoría de la sociedad vasca aboga por la plena participación política de todos los sectores que la conforman y porque para impedir esa plena participación se recurre al abuso del derecho y al forzamiento de la ley soslayando además cualquier fundamento ético de la actividad política.