Comedores escolares y garantía pública

EL anuncio de una nueva huelga para los primeros cinco días lectivos (del 2 al 6 de mayo) tras el fin de las vacaciones de Semana Santa del colectivo de 3.600 monitores de comedores escolares pertenecientes al servicio de gestión directa del Gobierno vasco y subcontratado por este, su incidencia en 460 centros educativos de carácter público y especialmente los trastornos en la siempre difícil conciliación que el conflicto ha causado durante dos años y aún causa a las familias de nada menos que 56.000 alumnos exige un inmediato esfuerzo de las tres partes -sindicatos, patronal y Departamento de Educación- implicadas. Y lo exige porque, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, ha sido incapaz hasta el momento de esbozar una solución. De hecho, ni siquiera han logrado acordar el desarrollo de la que sí se diseñó desde la Confederación de Madres y Padres de los Centros Públicos (EHIGE) y que está sobre la mesa nada menos que desde hace diecisiete meses. La equiparación salarial con el personal dependiente directamente del Departamento de Educación, el incremento de jornadas, la revisión de los ratios monitor/alumnos y la formación del colectivo que aún plantean los sindicatos ELA, LAB y UGT, además de ser hoy las mismas reivindicaciones que ya se plantearon en primavera de 2009 y que han llevado a 17 jornadas de huelga en dos años, fueron también los principales ejes sobre los que pivotó aquel principio de acuerdo a sufragar con incrementos de cuota a las familias y de la aportación del Gobierno vasco, acuerdo que, al parecer, no se ha cumplido, del mismo modo que no se ha respondido desde la administración a la Propuesta de Mejora de los Comedores Escolares planteada por EHIGE tras más de un año de debate de las familias con el resto de agentes sociales de la comunidad educativa. Sindicatos y patronal deben hacer un ejercicio de responsabilidad, pero el Departamento de Educación, tras dos años de gestión -o de ausencia de gestión- del conflicto de los comedores escolares, no puede escudarse en supuestas incumbencias anteriores ni hacerse a un lado ante la consideración de que el mismo solo compete a los sindicatos y a las empresas adjudicatarias. Su obligación como administrador de un servicio público, especialmente cuando este se dirige a la infancia y combina dos aspectos tan esenciales como la educación y la alimentación, es la de garantizar que responde a los parámetros de utilidad, calidad y necesidades que pretende y tiene la sociedad a la que sirve y que la subcontratación de dicho servicio no tiene incidencia negativa alguna en los citados parámetros. Encogerse de hombros durante dos años y dejar al albur de la pugna entre sindicatos y empresas la presunta -y a la vista de los hechos imposible- solución al problema es una simple dejación de su parte de responsabilidad, que tampoco en este caso es precisamente reducida.