Ilegalización a la carta

La anunciada impugnación de las listas de Bildu por parte de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General, emanada de un acuerdo anunciado por el coordinador de Libertades Públicas y de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, y aceptado públicamente, aunque no explicado en sus términos, por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; no se puede entender independiente de otro pacto, el que el PP y los socialistas firmaron y mantienen en Euskadi, en un intento de traslación a otras instituciones vascas de los resultados que mediante la exclusión de una parte relevante del electorado permitió a ambos desalojar al PNV del Gobierno vasco pese al triunfo de los jeltzales en las elecciones autonómicas de 2009. Tampoco se puede entender sin la comprobación previa de los efectos que la ilegalización a la carta de las listas de ANV en las municipales y forales de 2007 tuvo en la representación de socialistas y populares en las instituciones vascas. Valga como ejemplo el caso de Bilbao, donde la presencia o no de la lista de Bildu condicionaría no sólo la presencia en el ayuntamiento de otras formaciones -Aralar o EB, por ejemplo- que podrían apuntalar la mayoría nacionalista sino incluso la posibilidad de que la traslación del pacto PSE-PP pudiera superar, como ocurrió en las autonómicas y a pesar de la opinión abrumadoramente mayoritaria de la sociedad, el nítido triunfo del PNV. Sin embargo, y aun tratándose ya de una gravísima conculcación de los principios democráticos, la utilización partidaria de la justicia y la manipulación judicial de la realidad socio-política y electoral en Euskadi en virtud de un acuerdo y unos intereses de quienes son parte de las elecciones se extrema al comprobar que la misma se llevaría a cabo pese la dificultad -rayana con la imposibilidad- que entraña hallar en las listas de Bildu razones jurídicas para que sean anuladas incluso en la aplicación de leyes que se aprobaron a tal efecto. Ya no se trata de Sortu, pese a que la nueva formación de la izquierda abertzale tenga todo el derecho a desarrollar y presentar a la sociedad su apuesta política por las vías pacíficas y democráticas, sino de una coalición impulsada por dos formaciones, EA y Alternatiba, de trayectoria impecable en la defensa de todos los derechos humanos y el rechazo de todas las violencias. Ya no se trata de que en una u otra lista se incluyan personas que en su día formaran en otras listas pertenecientes a candidaturas de la izquierda abertzale, aunque dichas personas también tengan todo el derecho a presentarse en ellas, sino de las más o menos conocidas pero siempre supuestas afinidades ideológicas de algunos de los miembros de las listas de Bildu. Ya no se trata del cumplimiento de la legalidad sino del forzamiento de la misma hasta convertirla no en garante de derechos y libertades sino en herramienta de una supuesta razón de Estado o incluso simplemente del interés partidista.