De espías y lógicas

LA negativa expuesta por el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso, respecto a la posibilidad de que los servicios de inteligencia españoles hubieran llevado a cabo acciones de espionaje sobre el lehendakari Juan José Ibarretxe mientras estaba éste en el desempeño de su cargo ofrece cuando menos una lectura sobre el razonamiento de dicha negativa y otra respecto a las consecuencias de la misma. En la referente a la base lógica utilizada por el director del CNI para negar los supuestos hechos al esgrimir que dicho espionaje habría constituido "una ilegalidad" y que los servicios secretos españoles "cumplen siempre la ley", basta con utilizar la historia -reciente y no tanto- para cimentar serias dudas respecto a dicha aseveración y otorgar similar o incluso mayor peso crédito a la íntima seguridad, no menos lógica, de que el incumplimiento o la inobservancia de algunos preceptos legales van implícitos en el desempeño de los servicios de inteligencia, al igual que va incluida en la responsabilidad de Sanz Roldán la obligación de negarlo. Dicho esto, la comparación de las declaraciones de Sanz Roldán con las efectuadas ante el juez por Jesús Mari Fernández Benito, alias Tarta, Jejé o Txusma, respecto a su trabajo en Euskadi para el CNI, incluyendo el supuesto espionaje a Ibarretxe, se antoja reveladora de la credibilidad que son capaces de ofrecer los distintos niveles de los servicios secretos españoles pero también del empleo de los mismos por una ideología concreta, la unitarista, y de la escasa capacidad de los mecanismos para el control de su actuación que tienen tanto la sociedad como los legítimos representantes políticos de esta. En el caso concreto del presunto espionaje a Ibarretxe, además, esa misma escasa confianza, la misma nada esporádica utilización política y la misma incapacidad de los mecanismos de control de la actividad de los servicios llevan a otro cruce de credibilidades por cuanto es imposible desacreditar las afirmaciones de Tarta respecto a un gravísimo incumplimiento de la ley -el espionaje por el CNI y por motivos ideológicos de un cargo público democráticamente elegido- sin desacreditar al mismo tiempo sus declaraciones respecto a otros casos de espionaje y sobre que eran cargos internos del PNV -y no el Gobierno vasco- quienes dirigían en última instancia la política antiterrorista. Porque la misma lógica utilizada para analizar la negativa de Sanz Roldán permite intuir en consecuencia que quien se declara colaborador e informador del CNI podría estar lo mismo buscando notoriedad que cumpliendo aún con la labor encomendada por los servicios secretos españoles al prestarse a dar base probatoria con su declaración judicial a acusaciones políticamente interesadas que, sin embargo, carecen de probado fundamento.