Hace unos días se publicó una información sobre abusos sexuales de una menor en un municipio de Bizkaia. Es llamativo, por su gravedad, que los medios de comunicación puedan difundir públicamente datos personales de la familia (nombres, barrio, historia familiar...), ya que el respeto a la intimidad y la confidencialidad, a la protección del menor, familia e incluso acusado (presunto inocente) queda en entredicho.
Parece un hecho bastante habitual que la prensa utilice estos casos graves de abandono de menores, abusos sexuales, maltrato a la mujer, etc. sin más utilidad pública en su difusión, que la de alimentar la morbosidad de los lectores.
Resulta inadmisible y difícil de entender, cómo tras interponer una denuncia en la policía, la información privada de particulares, que viven situaciones dramáticas, transciende con todo tipo de datos personales, a los medios de comunicación. Las instancias públicas que suelen intervenir en estos casos, policía, justicia y administración local, son entidades al servicio de los ciudadanos, que han de velar por el respeto de estos principios de confidencialidad.
Respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación, es la Administración la que tiene o debería tener (en otros ámbitos de interés público lo hace por decreto) la capacidad para articular las medidas que prohíban prácticas informativas que denotan conductas profesionales poco éticas, en el abordaje de temas sociales tan delicados.
Existe un exceso de normativas al respecto... Hace falta que se cumplan. La responsabilidad de ello corresponde a la administración, no a los ciudadanos, máxime si éstos carecen de todo tipo de recursos personales para hacer respetar sus derechos.
