SI alguno de los consejeros nombrados por Patxi López llegó al cargo con el presumible aval de una experiencia previa en el área que debía administrar, Isabel Celaá, titular del Departamento de Educación, contaba con el bagaje de su actividad como viceconsejera durante cuatro años y sus tres legislaturas como portavoz socialista en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento. Celaá además se hizo cargo de un Departamento que, pese a contar con las dificultades y conflictos inherentes a toda administración pública, parecía al menos encaminado hacia el consenso interno en sus principales ejes de actuación. Sin embargo, forzada en ocasiones por el marcaje que el PP, socio preferente de su Gobierno, ejerce al sistema educativo vasco, sobre todo, en el aspecto lingüístico, y por las propias urgencias y necesidades mediáticas de un Ejecutivo cuestionado, Celaá ha llevado a la Educación pública vasca a una situación de incertidumbre tanto en lo inmediato como en el medio plazo. Ha sido su actuación -no siempre concordante con sus declaraciones- respecto al currículum contra la opinión mayoritaria de profesores, padres y alumnos y a pesar de una resolución judicial respecto al término Euskal Herria. Ha sido también su apresurada presentación de la educación trilingüe, también sin el aval del profesorado, sin una valoración sobre su incidencia en el desarrollo del euskera ni tampoco de la capacidad del sistema educativo para ponerla en práctica, en lo que se puede entender como una reforma más o menos encubierta del todavía eficaz sistema de modelos que ha colocado a la Educación vasca con medias notablemente superiores a las del Estado. Ha sido la mediática y nada ponderada puesta en marcha de Eskola 2.0, que también ha levantado severas prevenciones en el mundo educativo tanto por sus retrasos y carencias materiales y didácticas como por las dudas sobre su viabilidad y sus consecuencias. Ha sido la polémica, con nexos familiares, por la contratación fija de profesores en la UPV. Es el presumible veto de su Departamento a la participación de los universitarios, pese al visto bueno del rectorado, en Uniqual, la agencia de evaluación de calidad del sistema universitario vasco. Es el irresoluto conflicto de los comedores escolares. Y son las críticas unánimes de los sindicatos al advertir de una severa merma en la calidad de la enseñanza pública a través de recortes presupuestarios que incidirán en el sistema de sustituciones, en el ratio de alumnos, en el programa Irale de euskaldunización del profesorado y en la formación y perfeccionamiento continuadas del mismo. En los escasos diez meses que lleva al frente del Departamento, en definitiva, la consejera parece haberse empeñado en dar la razón a Séneca en el peor sentido de su antiquísima sentencia educativa: Para hacer las cosas bien no basta con haberlas aprendido.