lOS momentos duros, los tragos difíciles, son los que marcan el carácter y la naturaleza tanto a nivel individual, aplicado a las personas, como colectivo, es decir, a empresas u organizaciones de cualquier tipo. La operación policial impulsada por la Fiscalía de Araba en el curso de la que el pasado jueves fueron detenidos e interrogados -y se supone que imputados- varios miembros y cargos del PNV en este territorio, entre ellos un diputado foral, por -supuestamente también- algún delito derivado de la corrupción es, sin duda alguna, uno de esos episodios que se deben afrontar de cara y en toda su dimensión. Este caso ha tenido la virtualidad de poder observar diversos comportamientos, que van desde la absoluta responsabilidad hasta la inquietante temeridad pasando por una prudencia siempre bienvenida. Nada más conocerse la detención de ocho personas vinculadas de una u otra forma al PNV y, sobre todo, del diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, el diputado general de Araba, Xabier Agirre salió a la palestra para "dar la cara" y anunciar su absoluta disposición -manteniendo siempre el principio indiscutible a la presunción de inocencia- a aplicar la ley con todo su rigor y a mantener una actitud de "tolerancia cero" contra la corrupción. El propio Agirre forzó al día siguiente a De Miguel, una vez en libertad, a presentar su dimisión, cosa que hizo tanto en su cargo en la Diputación alavesa como en la Caja Vital. También el presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, advirtió de medidas inmediatas de depuración de responsabilidades. Ayer, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, insistió en su blog en que el PNV "no se va a desviar ni un solo milímetro de la honestidad y la integridad", recordando que en sus bases y documentos cuenta con un código de buena conducta a todas luces incompatible con el más mínimo resquicio de corrupción. Puede decirse que el PNV ha respondido de forma rápida, enérgica y rotunda. Es decir, con una responsabilidad acorde a la situación y a la gravedad de los hechos. También es destacable la lógica prudencia que han demostrado otras formaciones políticas, sobre todo, habida cuenta de que el secreto del sumario decretado para el caso impide conocer con exactitud los cargos que se imputan a cada uno de los presuntos acusados ni los hechos que han llevado a una operación de estas características. Por contra, algunas formaciones políticas y algún medio de comunicación han optado, no ya sin pruebas sino sin siquiera conocimiento del caso, por intentar sacar tajada política sin importarles una posible y arriesgada inestabilidad institucional que, sin embargo, deberían evitar. Quizá tenga algo que ver el horizonte electoral que se aproxima. Con todo, la actitud de todos los agentes será la que ponga, tarde o temprano, a cada uno en su sitio.