lA bajísima audiencia que obtuvo el primer discurso de fin de año de Patxi López -absolutamente inexistente en el caso de su versión en euskera a través de ETB-1: un insólito 0% de audiencia, es decir, nadie, según datos del propio ente público- no impide analizar su mensaje y, también, su contraste con la realidad. El jefe del Ejecutivo vasco tiró de su repertorio habitual de los términos que han jalonado la artificial construcción de su imagen: "tolerancia", "voluntad de concordia y acuerdo", "gobernar desde el diálogo y buscando pactos con quienes piensan de manera diferente"... fueron sus recurrentes apelaciones. Pero la realidad de su actuación es muy distinta a la idílica versión de su discurso. Es más, resulta claramente incompatible. El ejemplo más palmario es, tal y como revela hoy DEIA, la actuación de su partido y de su socio preferente, el PP, en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), el órgano encargado de fiscalizar la actuación del sector público vasco en materia económica y, por tanto, una institución fundamental, básica, de control de los poderes públicos en una sociedad democrática. Pues bien, como ya ocurriera en el Parlamento con la tramitación de los Presupuestos, PSE y PP han pasado de forma grosera su rodillo y han impuesto -sin diálogo, sin acuerdo, sin consenso- a uno de sus representantes, José Miguel Bonilla, a la sazón vicepresidente del TVCP a instancias del partido socialista, para encargarse de la fiscalización de las cuentas tanto de Osakidetza como de EITB, casualmente ambas en manos socialistas y sobre las que incurre en causas evidentes y manifiestas de incompatibilidad. De hecho, la esposa de Bonilla es la directora general de Emergencias de Osakidetza, es decir, un alto cargo del Servicio Vasco de Salud. Y resulta de todo punto evidente que el vínculo matrimonial entre un alto cargo de un organismo y el máximo responsable de fiscalizar su gestión económica convierten a éste en juez y parte y pondría en cuestión, si no invalidaría, su actuación controladora. De igual modo, el mismo Bonilla mantiene -según indican los representantes nacionalistas en el TVCP en los fundamentos de su recusación- una relación de amistad personal con el gerente de EITB, órgano que también se encargará de fiscalizar. Otra causa clara de incompatibilidad. Así lo establece de forma contundente el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -por la que también se rige el Tribunal Vasco de Cuentas-, que determina como causa de abstención o, en su caso, de recusación "el vínculo matrimonial" o asimilable, así como la "amistad íntima" con las partes. Es evidente que Bonilla incurre en ambas y, por ley y por sentido común democrático, su relación familiar y de amistad son incompatibles con su actuación como fiscalizador. Tan incompatibles como el discurso socialista y la realidad contante y sonante.
