HAN pasado más de cuatro años desde que Jon Landa tomara posesión como director de Derechos Humanos del Gobierno vasco con una declaración que, pese a ser una realidad evidente, levantó suspicacias: "Hay varias bolsas de sufrimiento o distintas violencias ilegítimas que alimentan el conflicto vasco". Cinco meses más tarde, el Consejo Político del Gobierno tripartito presidido por Juan José Ibarretxe presentó las líneas del Plan de Paz y Convivencia, con iniciativas entre las que encontraba la de "impulsar una Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo" que incluía, tal y como afirmó Ibarretxe durante el acto, a "todas las víctimas, tanto las de ETA como las de otros grupos terroristas" tras una labor de meses que el lehendakari atribuyó a Maixabel Lasa, Txema Urkijo y el propio Jon Landa. En octubre de 2007, el pleno del Parlamento Vasco monográfico sobre víctimas incluyó entre sus resoluciones la elaboración de un informe al respecto. Y en junio de 2008, hace 18 meses, Jon Landa presentó a la Cámara el estudio preceptivo sobre las otras víctimas de la violencia de motivación política en el que se contabilizaban 109 muertos y desaparecidos y 538 heridos de los que, 82 muertos y 344 heridos eran atribuidos a las Fuerzas de Seguridad del Estado, la mayoría de la década de los 70 y principios de los 80. El informe levantó una intensa polémica política y fue descalificado por los partidos constitucionalistas. El PSE, por boca de Rodolfo Ares, lo calificó de "poco riguroso y sesgado" y de "humillación para las víctimas del terrorismo" y José Antonio Pastor llegó a asegurar que se trataba de "un estudio muy poco serio y vergonzoso en el que aparecen temas que ni siquiera están como denuncia y que han sido archivados". Santiago Abascal, por el PP, lo consideró "una chapuza tremenda" con "el objetivo de perpetuar a ETA". Ayer, año y medio después, con los socialistas en el Gobierno de Lakua y el PP como socio preferente, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco dio luz verde, por unanimidad de todos los grupos, a continuar con la redacción del informe "provisional" presentado por Landa y que éste incluya a aquellas víctimas "desatendidas hasta la fecha" identificando y reconociendo el sufrimiento de personas que padecieron errores y excesos policiales o la violencia de grupos organizados sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80. El cambio de criterio experimentado por socialistas y populares es tan evidente que podría dar lugar a deducir, sin riesgo al equívoco, un interés partidista en el modo de afrontar la política sobre víctimas del terrorismo antes y, por tanto, ahora; pero la responsabilidad hacia esas mismas víctimas aconseja obviarlo a la espera de que el Gobierno López cumpla su compromiso y presente en seis meses una primera propuesta de medidas que reparen en lo posible el daño. Siquiera tres décadas después.