EL dictamen del Consejo Escolar de Euskadi, organismo consultivo que agrupa a todos los sectores de la enseñanza vasca, respecto a la reforma del Currículum Vasco planteada por el Departamento de Educación del Gobierno vasco, que dirige Isabel Celaá, supone cuando menos una reconvención evidente a los cambios que la consejera consideró fundamentales en la necesidad de modificar el proyecto puesto sobre la mesa por el anterior Gobierno tripartito y más concretamente por su antecesor en el cargo, Tontxu Campos. El reproche, además, alcanza tanto al fondo de esas cuestiones, con sus correspondientes razonamientos desde una perspectiva meramente educativa, como a la forma en la que el actual Departamento de Educación ha elaborado y presentado la citada reforma. En este sentido, la ausencia de debate y contraste con el mundo de la enseñanza de las modificaciones que pretende Celaá no parece responder a lo anunciado por la propia consejera cuando hace algunas semanas afirmó que los cambios iban a ser "valorados por los diferentes agentes educativos". Muy al contrario y a falta de la respuesta del Gobierno a los planteamientos del Consejo Escolar, se podría deducir de lo expresado por el presidente y vicepresidente de este organismo, Konrado Mugertza y Cándido Hernández, que el Gobierno se ha limitado a presentar su propuesta ya cerrada tras haber hurtado el debate previo a la comunidad educativa y, por tanto, gran parte de la capacidad de ésta para influir sobre lo que es el eje que vertebrará la enseñanza en Euskadi y la futura pero inmediata labor de los diversos sectores del mundo de la educación. Que dicha exclusión emane de la férrea posición del socio preferente del Ejecutivo, el PP, en esta materia, explicitada en más de una ocasión por el mismo Antonio Basagoiti; no excusa al Ejecutivo, entrampado en este ámbito de actuación, al igual que en otros, en la dependencia de un partido que apenas obtuvo el 14% de los votos en las últimas elecciones autonómicas pero del que depende absolutamente para gobernar. No es sino esa supeditación, además, la que ha llevado a Isabel Celaá a eliminar la calificación de principal lengua vehicular para el euskera, a limitar el alcance del significado de Euskal Herria a lo cultural o a añadir el complemento locativo (de España) a la asignatura de historia; aspectos todos ellos que el Consejo Escolar recomienda también reconsiderar. El Departamento de Educación puede ahora tener en cuenta esas acotaciones de la enseñanza vasca a su proyecto u optar por plegarse al concepto de educación que pretende implantar el PP en Euskadi, pero decantarse por esta última vía sólo evidenciará una absoluta falta de autonomía y una difícilmente explicable priorización del interés político, incluso más allá de lo ideológico, respecto a los deseos, intereses y necesidades de la sociedad.
